Miguel Pimienta Cotes
La paz de Colombia pasa por acordar un lenguaje común
y así evitar la torre de babel del siglo XXI. Freire decía que
«cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el
mundo».
Desde el régimen se utiliza un lenguaje que justifica la violencia
contra las comunidades y las personas que piensan diferente:
Enemigo Interno, al que se opone al sistema; vándalo o
terrorista, al que protesta; ilegal, a la economía popular y
del rebusque.
El lenguaje presupone un pasado (historia) que los interlocutores
comparten, solo así puede haber entendimiento, en ese sentido, es
necesario analizar las causas y soluciones al conflicto político, social,
armado y ambiental que existe en el país desde una perspectiva
común, al menos en los elementos esenciales.
¿Cuántos lenguajes existen en Colombia para darle significado a
los hechos y a los sujetos? Por ejemplo, ¿qué significado tienen las
Primeras Líneas para los que ostentan el poder?, o ¿qué significan las
Convivir y los Frentes Solidarios para los campesinos y Defensores
de Derechos Humanos?, ¿ qué significa el derecho a la protesta y a
la rebelión para aquellos que dividen el país entre la gente de bien
(ellos) y el resto de la sociedad (nosotros-nosotras)?
De igual manera, frente a la insurgencia armada y particularmente al
ELN, pueden existir diferentes significados de acuerdo a su condición
socioeconómica e interés político: para las élites en el poder, la
oligarquía y el imperialismo norteamericano, significa terrorismo;
para la gente decente, humilde, excluida, incluso, para personas con
honestidad intelectual significa una organización revolucionaria con
principios éticos y humanistas; sin que ello signifique alinderamiento
o afinidad ideológica.
Ahora bien, en el marco del Gobierno de Gustavo Petro y Francia
Márquez, está surgiendo en el lenguaje de algunos sectores petristas
que “la sola existencia del ELN es un obstáculo para el Gobierno”,
es decir, es necesario que el ELN entregue las armas para que se
le pueda dar continuidad al progresismo y evitar que el péndulo
político retorne a la ultra derecha y al uribismo. El actual gobierno
no necesitó la desaparición del ELN para hacerse elegir; lo que si
necesitó fue un Estallido Social, el pueblo movilizado y en la calle
para generarle crisis política al Gobierno de Duque; por lo tanto, su
continuidad no está en manos del ELN, sino en la eficiencia de sus
políticas y de sus funcionarios para satisfacer las demandas sociales
del pueblo.
A los Gobiernos anteriores, el paramilitarismo en vez de generarle
crisis, les sirvió para ejercer control social a través del terror e
implementar sus políticas neoliberales y de extranjerización de la
tierra; hoy, ese mismo paramilitarismo está siendo utilizado para
debilitar las bases políticas del Gobierno, despojar, destruir el tejido
social y asegurar el negocio del narcotráfico, pero para algunos
funcionarios del actual Gobierno es solo una expresión paramilitar
disputándose el territorio y las rutas del narcotráfico con el ELN;
¿desde cuándo el paramilitarismo dejó de ser política de Estado?, ¿en
qué fase del olvido estamos?, ¿quién ordenó cambiarle el significado
al paramilitarismo?
Este es el escenario del proceso de paz, pues además de ser un
asunto de la semiótica, es un asunto de intereses políticos. Es
necesario que la sociedad, el Gobierno y el ELN coloquemos en
el mismo nivel de prioridad la solución política y asociarla con
las transformaciones que necesita el régimen político, el modelo
económico y la situación ambiental. Por el contrario, el Gobierno
pretende subordinar las transformaciones al desgastado modelo
de desarme y desmovilización, seguiremos construyendo la ‘torre
de babel’ con el agravante de la violencia perpetua. No se trata
de que el ELN tiene o no voluntad política para dialogar, sino de
construir uno lenguaje común en donde la ecuación no sea paz igual
desmovilización, sino paz igual transformaciones, justicia y verdad.
Como ELN le seguimos apostando a la utilización de un lenguaje
común de la realidad para la construcción de la visión conjunta de
paz establecida en el Acuerdo 6, llamado también Acuerdo de México.
