Imelda Ascanio

El Estado colombiano recibió una nueva condena por sus
prácticas violatorias de los Derechos Humanos (DDHH).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
sentenció que el Estado vulneró los derechos del Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo.

En el fallo leído el pasado 18 de marzo, la CIDH, uno de los
máximos organismos de DDHH de la Organización de Estados
Americanos (OEA), sentenció que: “el Estado creó una situación
de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en
cuanto facilitó a organizaciones paramilitares información personal
de estas últimas, obtenida con motivo de las labores de inteligencia
desarrolladas”.

Esta sentencia como en anteriores, demuestra la persecución y riesgo
que ha representado en Colombia ser defensores y defensoras de
derechos. Nuevamente queda en evidencia el papel de instituciones
y organismos del Estado como facilitadores y perpetradores de
amenazas, persecución y asesinatos de los liderazgos sociales y
políticos; así como la continuidad de estas prácticas, pues en este
caso fueron continuas desde 1990.

Estado violador de derechos
Puntualmente la CIDH determinó que Colombia violó los derechos
“a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de
pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a
conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección
judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a
la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a
defender los derechos humanos”. Catorce derechos violentados a
través de los organismos de seguridad e inteligencia estatales en
asocio con el paramilitarismo.

Esta es otra forma en la que se evidencia la aplicación continuada
de la Doctrina del Enemigo Interno, en este caso, en contra de los
defensores y defensoras, pero en general contra todas las formas
de liderazgos sociales y políticos y el movimiento popular. “Nos
convertimos en el Enemigo Interno por levantar la voz y denunciar
al Estado y a sus Fuerzas Militares, por decir que los paramilitares
fueron creados como una forma de reprimir a los movimientos
sociales”, señaló Soraya Gutiérrez, quien fue presidenta del Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo.

Como medidas para la reparación y que Colombia deberá cumplir,
se estableció que: “diseñar e implementar un plan de capacitación,
permanente y obligatorio, acerca de los estándares sobre derechos
humanos referidos a las facultades, las limitaciones y los controles
de las autoridades en materia de actividades de inteligencia, y la
recopilación, la gestión y el acceso a datos personales en poder de
los organismos de inteligencia”.

Dada la relación determinada entre organismos de inteligencia
estatales y paramilitares, además de la continuidad de estas prácticas,
la CIDH señaló que Colombia deberá: “adecuar los manuales de
inteligencia y contrainteligencia de los distintos organismos con
facultades para emprender estas actividades, a fin de ajustarlos
a los estándares internacionales sobre la materia”. En tal sentido,
estas siguen siendo muestras y pruebas desde instituciones del
propio sistema de Estados, que continúan evidenciando la necesidad
de cambios profundos en la Doctrina de las Fuerzas Armadas y
los organismos de inteligencia estatales. Acabar con la doctrina
paramilitar que continúa y sigue aplicándose.

Asesinados de esta semana
Carmelina Yule Paví, era una reconocida lideresa indígena, Mayora
Nasa de la vereda La Bodega en el Resguardo Indígena de Toribío;
fue asesinada el 17 de marzo de 2024 en Toribío, Cauca.

Luis Álvaro Silva Macanilla, firmante del acuerdo de paz, que se
encontraba en proceso de reincorporación; fue asesinado el 19 de
marzo de 2024 en Puerto Asís, Putumayo.

Álvaro Javier Morales Flor, era el presidente de la Junta de Acción
Comunal del corregimiento de Ortega, jurisdicción del municipio de
Cajibío en el departamento del Cauca; fue asesinado el 19 de marzo
de 2024 en Cajibío, Cauca.