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Antonio García, Primer Comandante del ELN

En la actualidad no existe Cese el Fuego entre el ELN y las
Fuerzas Armadas del Estado colombiano, por tanto es lícito, o
más exactamente normal, que se den acciones u operaciones
militares entre las dos partes.

Eso permitiría verlo con más realismo, más objetividad
y por tanto se allanaría el camino hacia la paz. Pero
cuando se ve que las acciones de un lado son «buenas»,
por el hecho que las hacen «instituciones legales» y
las de la otra parte «malas», porque las hace una organización
rebelde que se dice es «ilegal», pero legítima.

Estaríamos, entonces, ante un debate de lo que es «legal» o
«ilegal»; por tanto, habría que buscar la verdadera fuente
de la «legalidad», qué la da, qué la interroga y qué la niega.
Quizá sea el verdadero fondo marino sobre el que está, en
estos tiempos, encallado el barco de la paz.

No vamos a meternos, ahora, en las profundidades de ese
debate, en otra oportunidad lo podremos hacer. Ahora, lo
que me interesa es resaltar la incapacidad que se observa
para entender que si yo ataco a un enemigo, de lógico debo
prepararme para recibir golpes iguales o mayores a los que
yo propino. En la lógica de la guerra, ambos serían «legales»,
pues se está entre enemigos, aquí y en cualquier parte del
mundo.

Pero en Colombia, cuando el ELN es golpeado militarmente,
tanto los funcionarios del gobierno, policías, militares,
agentes de seguridad; como las empresas de la comunicación
funcionales al Estado festejan y dicen que es un gran logro;
pero cuando quien golpea a las Fuerzas Armadas del Estado
es el ELN, entonces si estamos ante «criminales de todas las
calañas». Todos somos seres humanos y colombianos, que
por razones de orden político y social estamos enfrentados.
Pueden seguirse inventado mil argumentos, pero la realidad
no cambiará.

Hemos dicho que el Estado y también este gobierno no tienen
ni política ni estrategia de paz, pues siguen persistiendo en
que la «paz es la desmovilización y el desarme del ELN», y no
lo que hemos pactado en la Mesa de conversaciones, donde
la Paz son transformaciones estructurales para el bien de
los colombianos.

Entonces todo el diseño es el manejo de una matriz mediática,
donde se dice que el ELN «está dividido», que «no cumple», «que
no tiene unidad de mando»; mientras en la realidad las Fuerzas
Militares y de policía se la pasan a sus anchas coordinando
con los paramilitares para avanzar en el control territorial
y en la destrucción del tejido social de las comunidades, a lo
que el gobierno llama: «alivio humanitario».

agentes infiltrados de la inteligencia Militar del Estado;
Otty le dice a sus amigos, que es la estrategia para «quitarle
la base social al ELN», es el mismo lenguaje de la doctrina
contrainsurgente, que opera en Colombia por orden de los
gringos desde 1962.

Esta estrategia va más allá de la coordinación de las Fuerzas
Armadas con los paramilitares para «recortarle» el territorio
al ELN, sino que también existe todo tipo de coordinaciones
con los grupos de Ex-Farc, sean de «Mordisco», «Calarcá»,
«2 Marquetalia». Según Otty, se trata de llevar la máxima
confusión a los teatros de operaciones, según esto no les
interesa que esos procesos evolucionen para nada. Sabemos
que hay militares activos, de las FFAA del Estado, en la
mayoría de estos grupos, como son los casos concretos de los
grupos de Medina y Pescado.

El Estado colombiano no ha abandonado el objetivo de
derrotar militarmente a la insurgencia, y desde siempre ha
mantenido planes militares en medio de las conversaciones
de paz con dicho propósito, por tanto activa las operaciones
de inteligencia. Para los mandos militares del Estado, la
paz es viable si la insurgencia hace de manera previa el
compromiso de desmovilización y dejación de armas. Luego
que exista ese compromiso firmado se puede pasar a firmar
acuerdos de promesas sobre cambios en la sociedad.

A las ExFarc le sacaron un preacuerdo de desmovilización antes de
firmar ningún acuerdo, ya desde la agenda estaba aceptada
la desmovilización y el desarme.

Es por eso que Otty Patiño sigue repitiendo hoy, que ahí está
la Fuerza Pública y todos los instrumentos para obligarnos
por la vía del sometimiento.

La violencia contra la mujer es histórica y no se reduce
a los episodios de violencia física que se ejercen en
nuestra contra; es diaria, constante, multicausal y
lo que es peor, los Estados actúan para perpetuarla y
como sociedad naturalizamos la Violencia Basada en Género
(VBG), solo respondemos a estímulos emocionales cada vez
que se conoce de un feminicidio o a un acto de VBG, pero
estas indignación no va más allá de trinos, que terminan
dejando solas a las organizaciones de mujeres, que mantienen
una lucha constante contra este flagelo, que sin titubeos le
exigen cambios al sistema y buscan deponer el patriarcado.
La principal violencia que sufre la mujer pasa inadvertida
y ni siquiera se considera como tal, la pobreza estructural
a las que son sometidas millones de mujeres en el país,
las hace doblemente víctimas, las expone y las hace más
vulnerables a la VBG. Este flagelo aqueja a gran parte de
la sociedad colombiana, pero ataca con más fuerza a las
mujeres marginándolas y excluyéndolas aún más; no es lo
mismo estar en lo cordones de miseria siendo hombre que
siendo mujer.

La desigualdad social es un agravante que hace aún más
compleja la violencia que ejerce el sistema contra las mujeres,
el hambre y el desempleo son variables que afectan a toda la
sociedad, pero recaen con mayor fuerza sobre las mujeres,
convirtiendo a millones de ellas en víctimas por partida
doble: ser mujeres y además empobrecidas.

Más allá de la lucha por sobrevivir, debemos continuar la
gesta porque la mujer se empodere como sujeto político, lo
cual es algo que se construye día a día y no a expensas de los
hombres sino en unidad con ellos; al fin y al cabo, la VBG al
igual que el empobrecimiento y la exclusión son una lucha
ante todo de clases; por lo tanto debemos empoderarnos y
gestar luchas populares por la reivindicación de todos los
derechos fundamentales inalienables.