Damaris Izaguirre
La política de paz del Gobierno del Cambio no dista mucho
de las políticas de anteriores Gobiernos, todas tienen como
común denominador el Desarme, la Desmovilización y la
Reinserción (DDR), fundamentadas en promesas vanas que
están encaminadas a defender el statu quo.
Damaris Izaguirre.
La promesa de traer la paz fue uno de los pilares de
la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia
Márquez, pero esta quimera a la que llamaron Paz
Total, no deja de ser una pacificación, que desde sus
comienzos se ha basado en las imposiciones unilaterales y
la perfidia. Iniciando este gobierno en diciembre de 2022,
el presidente ‘sacó del sombrero’ un decreto de cese el
fuego multilateral, sin haberlo hablado o negociado con
antelación con la contraparte; luego ha nombrado a confesos
narcoparamilitares como Gestores de paz; enseguida, en un
acto de abierta perfidia el Comisionado de Paz Otty Patiño,
montó una negociación paralela con un frente del ELN; ahora,
la ‘cereza del pastel’ es la captura con fines de extradición
de uno de los integrantes del equipo negociador de una de
las disidencias; así, ¿quién negocia con un Gobierno pérfido
que no brinda garantías a lo que acuerda ni respeta a los
negociadores?
La visión de paz de los colombianos de a pie es muy contraria
a la visión que tiene el Gobierno, cuya visión no es otra que
la pacificación decretada por el Tío Sam e impuesta en sus
neocolonias. Lo que queremos Los Nadie, los pobladores de
la Colombia profunda, es un proceso de solución política con
justicia y equidad social y que desaparezca el entramado
paramilitar, que en colusión con las Fuerzas Armadas
(FFAA) amedrenta y desaparece a todo aquel que discrepe
tan solo un poco, de los planteamientos del régimen y del Tío
Sam.
Todos los Gobiernos sin excepción reproducen el modelo de
pacificación impuesto desde EEUU, donde la paz se reduce al
silenciamiento de los fusiles, al Desarme, Desmovilización y
Reinserción (DDR) de la insurgencia, de esta forma aseguran
que el modelo de saqueo de recursos naturales prosiga y
que la subordinación del Estado colombiano siga siendo
instrumental a los intereses geoestratégicos, geopolíticos y
belicistas del imperio norteamericano.
Un verdadero Proceso de Paz no debe tener como único fin el
silenciamiento de los fusiles, su objetivo central no debe ser
otro que atacar las causas socioeconómicas y políticas que
gestan el Conflicto Armado, en otras palabras, desarrollar
los cambios estructurales y de fondo que generen una
sociedad más equitativa y sin cordones de pobreza y miseria;
Colombia debe desarrollar un verdadero proceso de Solución
Política, que desde luego es diametralmente opuesto al DDR
y la pacificación, y no se puede llevar a cabo mientras el
proceso de solución no contemple cambios en la Doctrina
de Seguridad, deslinde con la política guerrerista de los
EEUU, cambios estructurales en la tenencia de la tierra y la
mitigación de la desigualdad.
No se puede pasar por alto que el conflicto armado es
consecuencia de un modelo opresor y excluyente que
reproduce pobreza y desigualdad, por lo tanto, sin resolver
las causas que le dieron origen es imposible construir una
verdadera paz que implica justicia y equidad social.
Deponer la pacificación impuesta por los EEUU, implica
romper la dependencia y subordinación de nuestro país
al Tío Sam, pero como ni este ni ningún Gobierno lo hará,
solo queda la lucha y la unidad social y popular para que
construyamos una nueva política antidrogas propia, que se
centre en los eslabones representativos del narcotráfico;
además implica instaurar un modelo de Solución Política
que tenga como pilar subsanar las causas socioeconómicas
que dan origen al Conflicto Social, Político y Armado.
