Himelda Ascanio
El Gobierno colombiano ha recurrido al apoyo de
organismos internacionales para tratar de zanjar la
brecha de impunidad que existe en materia de justicia
y Derechos Humanos (DDHH); varios organismos han
revisado casos y han hecho recomendaciones, algunas
se han cumplido pero la mayoría no.
El Estallido Social de 2021 tuvo como antecedente los hechos
ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, ambas situaciones
como manifestaciones de rechazo e inconformidad de la
población. El asesinato del estudiante de Derecho, Javier
Ordoñez, por parte de la Policía el 8 de septiembre de 2020, generó
una reacción violenta de varios sectores sociales principalmente
en Bogotá. En esta situación se ordenó una criminal represión que
terminó con el asesinato de 14 jóvenes manifestantes.
Ante estos hechos, una relatoría solicitada por la alcaldesa y organizada
por Naciones Unidas, elaboró el Informe para el esclarecimiento de
los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, presentado en
diciembre de 2021, donde formuló 31 recomendaciones al Estado
colombiano.
En julio de 2021, después de visitar, indagar y analizar los
hechos de represión brutal durante el Estallido Social del 2021, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó
41 recomendaciones al Estado colombiano, posteriormente en
enero de 2023 presentó el Primer Informe de Seguimiento a las
Recomendaciones formuladas en 2021.
Para ambos casos y en los dos grupos de recomendaciones hechas
ante situaciones de represión y graves violaciones a los DDHH, estas
han tenido un bajo cumplimiento. “De las 28 recomendaciones
analizadas, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 parcialmente
cumplidas, y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustantiva” [1].
Sacar a la Policía del Ministerio de Defensa
En ambos documentos presentados al Estado colombiano, una
coincidencia y una de las recomendaciones más importantes, tiene
que ver con la transformación de la Policía Nacional y su traslado del
Ministerio de Defensa, es decir, su reconfiguración como cuerpo civil,
no militar. La recomendación hecha por la CIDH dice explícitamente:
“separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa
a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la
seguridad con un enfoque ciudadano y de HH y evite toda posibilidad
de perspectivas militares” [2].
Este planteamiento hecho por un organismo de justicia internacional,
debiera ser una prioridad en el marco de la legalidad del Estado
y su relación con los órganos internacionales como la OEA. “El
cumplimiento integral de las recomendaciones de la Comisión es
un propósito fundamental para asegurar la plena vigencia de los
derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA)”.
A pesar de la aparente buena voluntad y los prometedores anuncios,
son bastante débiles los avances en materia de superación de la
impunidad, justicia y garantías para las víctimas de la masacre del 9
de septiembre de 2020 y del Estallido Social en 2021. Sin mencionar
el cambio cosmético dado al ESMAD. Colombia sigue siendo de los
pocos países que mantiene a la Policía dentro del Ministerio de
Defensa. El presidente sigue citando comisiones internacionales y
haciendo reconocimientos verbales, pero aún no se concretan las
recomendaciones que esos mismos organismos le han hecho y que
el pueblo que lo eligió le exige.
Asesinados esta semana
Elmer Abonia Rodríguez, asesinado el 22 de diciembre de 2023 en
Guachené, Cauca. Era el alcalde actual del municipio de Guachené.
John Freiman Ramos Ocaña, asesinado el 22 de diciembre de 2023
en Santander de Quilichao, Cauca. Era educador indígena hacía parte
del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca
-SUNTEC-. Era comunero del Resguardo Indígena de Canoas.
Masacre el 22 de diciembre de 2023, Santander de Quilichao, Cauca.
Cinco personas fueron asesinadas en el municipio de Santander de
Quilichao. Tres en la vereda Carbonero y dos en la vereda Vilachí.
