Omaira Sáchica
La colusión entre las multinacionales, las Fuerzas
Armadas (FFAA) y sus paramilitares han cobrado la
vida de centenares de ambientalistas, convirtiendo a
Colombia en el primer país más peligroso del mundo para
las personas defensoras del medioambiente; ¿el Acuerdo
de Escazú salvaguarda la vida de estos defensores?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental,
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina
y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, es el primer tratado regional
sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina
y el Caribe, y el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012.
Colombia adhirió a este Acuerdo, fue ratificado por el Congreso el
10 de octubre de 2022 y la Corte Constitucional acaba de declarar
constitucional y exequible la Ley 2273 de 2022, que lo aprobó; con lo
que se esperan garantías jurídicas y de seguridad para los defensores
ambientales.
Pese a la ratificación de este Acuerdo, quedan vacíos en los artículos
8 y 9, que definen la justicia y la protección en términos de reaccionar
cuando los derechos ya han sido violados, y cuando ya se están
aplicando decisiones con impacto adverso sobre el medioambiente,
porque no es preventiva sino restaurativa; en contraste con las
comunidades y los ambientalistas, que buscan justicia ambiental
para la defensa de la vida en los territorios y desarrollar alternativas
al extractivismo.
El Fallo la Corte Constitucional afirma que dicho Acuerdo, “se enfoca
en la implementación de derechos de acceso en asuntos ambientales,
además promueve la participación ciudadana y contribuye a la
creación de un entorno seguro para los defensores del medio
ambiente”, cuando en Colombia solo en 2023 fueron asesinados 63
ambientalistas [*].
El exterminio sistemático de ambientalistas no lo perpetran por
la ausencia de Acuerdos, sino por la connivencia entre el Estado y
las multinacionales para que estas a toda costa saqueen los bienes
naturales de los territorios, contando con la protección de las FFAA
y sus paramilitares. Parar el exterminio de activistas ambientales
tiene implícito deponer la Doctrina de Seguridad que es la directa
responsable del genocidio en curso del liderazgo popular que
defiende la vida y el territorio.
