Claudia Julieta Parra
La ley 100 de 1993 entregó la salud pública al capital privado,
que convirtió este derecho fundamental en un negocio que
se rige por el libre mercado, sometiendo a los pacientes a
mala atención y escasez de medicamentos, lo que lesiona su
salud y pone en vilo el derecho a la vida.
Las EPS -en su mayoría de orden privado-, han regido la
prestación de la salud bajo el principio neoliberal de
libre mercado, lo que conllevado a que los pacientes
se conviertan en clientes y bajo esta visión la
prioridad no es el usuario, sino la generación de utilidades
de las empresas, sin importar si esto genera detrimento en
la salud y la calidad de vida de los usuarios del servicio de
salud.
Las fallas en la oportunidad de atención a los pacientes,
las demoras en la atención en el servicio de urgencias, en
promedio superan las 3 horas, en el caso de consulta externa
la demora en promedio en la asignación de las citas supera
las 3 semanas y, en el caso de las citas especializadas superan
los 3 meses para la asignación; lo mismo ocurre en exámenes
especializados, procedimientos quirúrgicos, entre otros.
El Plan Obligatorio de Salud (POS) actualmente es muy
limitado y restringe muchos medicamentos esenciales, a la
vez que limita o detrae el libre y fácil acceso a procedimientos
médicos como exámenes, consultas especializadas, cirugías
entre otros; lo que ha llevado a que los juzgados se saturen
con miles de Tutelas, que exigen la prestación oportuna
de la salud y que muchos pacientes mueran a la espera de
procedimientos médicos de los que depende su vida.
A la crisis de atención en los servicios de salud, se une el
desabastecimiento en los medicamentos, que inicialmente
se evidenciaba en medicamentos de alto costo y ahora se ha
extendido a todos los medicamentos, incluso se ha llegado
al punto de no facilitar elementos básicos, como jeringas o
métodos de planificación familiar.
Según los medios de comunicación, las EPS aseguran que la
escasez de los medicamentos obedece a que el Gobierno no
ha incrementado la Unidad de Pago por Capitación (UPC), –
valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)-. Sin
embargo, la escasez de medicamentos y suministros médicos
no es algo nuevo, es algo que se ha venido presentando
en la última década y, que tiene como antecedente que
aunque la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) desembolsa
oportunamente los recursos a las EPS, estas no cubren
sus obligaciones oportunamente con las EPS y los gestores
farmacéuticos, según datos de la Superintendencia de Salud
las EPS adeudan a los gestores farmacéuticos cerca de 6,56
billones de pesos.
El problema central del sistema de salud en Colombia radica
en que el modelo implementado es de corte neoliberal y se
rige bajo la teoría del libre mercado, mientras esta política no
sea modificada la salud seguirá siendo un negocio lucrativo
y los pacientes seguirán siendo tratados como clientes.
Se requiere la modificación a la Ley 100 de tal forma que se
eliminen los intermediarios y se democratice su servicio en
términos de gratuidad y atención oportuna; la fortaleza del
Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte
satisfactoriamente enfermedades prevalentes, pero esto
solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas
estén encaminadas al bienestar social y no a la generación de
utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere
con urgencia un cambio de modelo económico que realice
la estatalización del SGSS, que traerá beneficios a toda la
población y contribuirá a ir pagando la Deuda Social.
About the Author
