Chavela Villamil
En la discusión en el Congreso para gravar los alimentos
ultraprocesados, muchos congresistas servidores de las
multinacionales alimenticias, afirmaron que este gravamen
quebraría la industria. Tras casi dos años de la vigencia de
esta medida: ¿se quebraron las empresas de papas fritas y
gaseosas?
La alimentación nutritiva y equilibrada es una pieza
fundamental en la salud de los colombianos, en este
sentido, desincentivar con gravámenes el consumo de
alimentos nocivos para la nutrición y la salud, como
los ultraprocesados, debe ser una política de salud pública.
Según datos del Ministerio de Salud, la Diabetes tiene una
prevalencia de 8,9 por ciento en la población, aunque los
subregistros muestran que este indicador oscilaría en 14,8
por ciento; por su parte la Obesidad es padecida por el 56,3
por ciento de la población entre 18 y 64 años; de ahí que este
Ministerio considere estas y otras enfermedades de etiología
similar, como un riesgo potencial a la salud pública. Hay que
agregar que enfermedades como la Diabetes, la Obesidad,
entre otros, están asociados a una mala nutrición y la ingesta
desmedida de alimentos ultraprocesados.
¿La Ley 227 a quién favorece?
En 2023 entró en vigencia la llamada Ley de alimentos
saludables -La Ley 2277 de 2022-, que tenía como objetivo
prevenir enfermedades y mejorar la alimentación de los
colombianos, gravando a las bebidas azucaradas y a los
alimentos ultraprocesados, un tributo gradual que en 2023
grava con 18 pesos a las bebidas que tengan entre 6 y 9,9
gramos de azúcar por cada 100 mililitros (ml), y con 35
pesos las bebidas que contengan 10 o más gramos de azúcar
por cada 100 ml; en 2024 el impuesto subirá a 28 y 55 pesos
respectivamente, y en 2025 el gravamen se fijará en 38 y
65 pesos respectivamente. En el caso de los ultraprocesados
-alimentos con cantidades elevadas de sodio, azúcares o
grasas saturadas-, en 2023 su incremento sería de 10 por
ciento, en 2024 del 15 por ciento y en 2025 del 20 por ciento.
En su momento la discusión y posterior puesta en marcha
de esta medida generó el lobby de los representantes de
las multinacionales alimenticias que trataban de evitar a
toda costa que este medida entrara en vigencia; muchos
congresistas ligados a las multinacionales hablaron en contra
de este impuesto y llegaron a generar pánico económico al
aseverar que un impuesto de esta magnitud, llevaría las
ventas de estos productos ‘al piso’ y llevaría a la quiebra de
empresas nacionales y la multinacionales como Frito Lay y
Pepsico se retirarían del mercado nacional.
A casi dos años de haber entrado en vigor este impuesto,
ninguna de las megaempresas y las multinacionales que
comercializan y distribuyen alimentos ultraprocesados se
ha quebrado por esta medida o a retirado su participación en
el país. Por el contrario, según datos oficiales los paqueticos
(papas, chitos, platanitos, entre otros) en 2023 su consumo
se incrementó en 5,10 por ciento y en 2024 su incremento
fue de 9,7 por ciento; en cuanto a las bebidas azucaradas, en
2023 su consumo se incrementó en 4,8 por ciento y en 2024
en 7,9 por ciento. Mejoró tanto el negocio que entre 2023 y
2025 se ha registrado el ingreso al país de nuevas marcas de
bebidas azucaradas.
Es importante recalcar que según datos de Centro de
Estudios Económicos de Colombia (ANIF) y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre
enero de 2024 y mayo de 2025, por concepto del impuesto
de alimentos saludables -La Ley 2277 de 2022-, se han
recaudado 2,9 billones de pesos [*].
Paradigmas que mejoren la salud pública y la economía
Pese al pánico que han querido crear los medios de
comunicación, que pertenecen a empresarios que a su vez
son accionistas en empresas vinculadas a la creación de
nuevos gravámenes, el impuesto saludable no ha logrado
grandes reducciones en términos de índices de obesidad y
diabetes; sin embargo, ha logrado realizar un recaudo acorde
las proyecciones del Ministerio de Hacienda, sin que esto
genere una caída extrema de la oferta.
Medidas como la ley 2277 de 2022, dejan entrever que nuestra
política tributaria se puede alejar del dogma neoliberal
de rebajar impuestos a oligopolios. Los tributos especiales
o específicos a determinados productos y actividades
comerciales, amplía la capacidad de recaudo sin que esto
afecte aspectos sustanciales del costo de vida, como la cesta
básica o los servicios esenciales.
Para la reforma laboral que inicio su curso en el Congreso,
debería alejarse de políticas neoliberales de rebajar impuestos
a mega empresarios y ser de orden redistributiva, de tal
forma que el recaudo se invierta en las esferas sociales
menos favorecidas y que a su vez a estas se les aliviane la
carga tributaria.
Para la reforma laboral que inicio su curso en el Congreso,
debería alejarse de políticas neoliberales de rebajar impuestos
a mega empresarios y ser de orden redistributiva, de tal
forma que el recaudo se invierta en las esferas sociales
menos favorecidas y que a su vez a estas se les aliviane la
carga tributaria.
About the Author
