Chavela Villamil
Los pasivos adquiridos de la administración anterior
y la equivocada política de esta administración de
sobreincrementar el Gasto Corriente, suplir el déficit con
nuevos empréstitos, aunado al decrecimiento de los ingresos,
han llevado a una crisis económica que puede derivar en un
estado de insolvencia.
El modelo económico imperante se centra en la
generación de plusvalía para incrementar las
utilidades por la comercialización de productos, y
a su vez concentra estos dividendos en un grupo
plutocrático minoritario; del mismo modo, sus políticas
neoliberales desligan obligaciones estatales a través de la
enajenación de activos para disminuir el compromiso fiscal
de este, y consolidar el monopolio financiero, de servicio
y productivo en el mismo grupo oligopólico; este modelo
genera un déficit general de recursos que exacerba la
desigualdad, la pobreza monetaria y multidimensional, a la
vez que decrece el poder adquisitivo per cápita.
Un modelo centrado exclusivamente en la acumulación
oligopólica va en total contravía del deber ser de la economía,
que tiene como objetivo central satisfacer las necesidades
básicas de la población, reduciendo al mínimo la brecha
de desigualdad y la línea de pobreza moderada y extrema,
además debe propender por instaurar un sistema fiscal y
tributario tenga un enfoque redistributivo; desde luego,
este paradigma económico no es más que una utopía que cada
día se diluye en una economía de libre mercado, donde el fin
último es la acumulación desmedida de capital.
La conveniencia de la Ley de financiamiento
Recientemente el Congreso hundió la segunda Ley de
Financiamiento –Reforma Tributaria–, presentada por este
Gobierno, aduciendo que esta presentaba grandes riesgos
para la economía de los hogares de los sectores sociales
medios y bajos. Esta propuesta económica pretendía recaudar
16,3 billones de pesos.
La recién hundida Ley de Financiamiento, planteaba
medidas que propendían por el incremento del recaudo
sobre los grandes capitales y no sobre la masa monetaria;
además contemplaba medidas de financiamiento que cubrían
los grandes capitales y, la anticipación del mecanismo
paramétrico que fomentaría la inversión pública y privada,
para tratar de reactivar la economía; a su vez planteaba
disposiciones que permitían equilibrar ingresos y
herramientas para fortalecer la fiscalización y operatividad
del sistema tributario. Estos son los principales postulados
de dicha ley:
a. Reducción gradual del impuesto de renta a las empresas y
la introducción de tarifas marginales diferenciales.
b. Eliminación del régimen simple de tributación.
c. Inclusión del IVA para los juegos de suerte y azar digitales.
d. Aumento del impuesto al carbono.
e. Creación de un espacio adicional para Inversiones Verdes,
por fuera de la Regla Fiscal.
Metas que requieren un cambio
de modelo y política económica
El principal reto de este Gobierno en términos económicos,
es enrutar la economía hacia una senda de mayor
crecimiento económico sostenible, con un enfoque social y
sostenible que permita diezmar la desigualdad y disminuir
la pobreza (monetaria y multidimensional), y poner fin a
décadas de desbalances macroeconómicos, heredados de
la administración pasada, entre los que se encontraban
altos niveles de inflación, un déficit de Cuenta Corriente
superior al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB);
estos desajustes fueron resultado de un conjunto de políticas
macroeconómicas y fiscales expansivas.
Frenar la desaceleración económica, modificar el recaudo
y cambiar el patrón de gasto, tiene implícito disminuir el
Gasto Corriente (burocracia, guerra, pagp de Deuda Externa)
y deponer el nefasto dogma neoliberal del Efecto Goteo o
Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), que
plantea que el crecimiento y favorecimiento tributario de
las grandes empresas y emporios, supuestamente beneficioso
para la economía nacional, porque permite crear nuevas
plazas laborales.
El TDE falazmente plantea que “la productividad y el
desarrollo” de una economía se dinamiza si se provee
favorecimiento fiscal y tributario de las grandes empresas,
bajo el supuesto de que si estas empresas aumentan su
riqueza, esta supuestamente “se derramaría por goteo hacia
las capas medias y bajas de la sociedad”.
La Doctora en Economía Tributaria Emily DiVito afirma
que, “los recortes regresivos del impuesto de sociedades no
aumentan significativamente los ingresos de las familias
trabajadoras, pero sí reducen la capacidad del gobierno para
financiar los ingresos familiares y el apoyo a los cuidados;
además, una política fiscal corporativa sólida es vital para
todos los aspectos de una economía próspera, no reinventar
un uso más ambicioso e integral de la política fiscal
corporativa nos impide lograr una economía y una sociedad
más equitativas, sostenibles y democráticas para todos” [1].
Los más recientes informes del Instituto Roosevelt [2]
afirman que la tributación de las personas jurídicas y en
especial las grandes superficies, es clave para crear una
economía fuerte y mejorar el bienestar de la sociedad en
su conjunto, sin embargo, esto contrasta con la mayoría de
modelos económicos, que durante décadas han socavado
este precepto y se han centrado en la reducción fiscal y
tributaria de este tipo de empresas.
Cualquier propuesta de Reforma Tributaria, Financiera
o Fiscal que busque mitigar la brecha social y disminuir
el Déficit de Gasto Social, es inocua sino rompe la lógica
antifinanciera del pago de intereses de la Deuda Externa,
y la dinámica del Gasto Corriente, ya que de nada sirve
incrementar el recaudo sino no se disminuye el gasto; más
allá de la efectividad de la tasa de recaudación, el verdadero
problema de nuestra economía, es que gasta más de lo que
produce y buena parte del Gasto Corriente es de origen
prescindible o sustituible en términos de montos y tiempos.
Subsanar la crisis económica y laboral, y el déficit de poder
adquisitivo per cápita, tiene implícitos cambios estructurales
y radicales en los paradigmas económico, financiero, fiscal
y tributario; por lo tanto, se hace necesario e inaplazable
un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva
un tributación que abandone la recaudación por volumen
y se centre en la recaudación por capacidad de capital,
-entre más dinero y capital, mayor tributación-, además, se
debe disminuir el Gasto Corriente y los excedentes netos
invertirlos en la atención del déficit de Gasto Social, a la
vez que se implementa una política que formalice el empleo
y genere solidez laboral e incremente el poder adquisitivo
per cápita.
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