Himelda Ascanio
Se cumplió un año del inicio de las operaciones militares del
ELN en el Catatumbo contra la banda Exfarc frente 33. No
un año de la guerra, pues está ya había sido declarada desde
antes.
La confrontación desatada desde el 16 de enero de
2025, expuso y evidenció los planes guerreristas y
de entrega del territorio enmarcados en la guerra
proxy, ordenada por el imperio.
Previo a la confrontación, varias organizaciones sociales,
organismos y entidades defensoras de derechos humanos,
incluso la propia Defensoría del Pueblo por medio de su
sistema de alertas tempranas, habían denunciado y avisado
la situación que se incubaba en el Catatumbo con la banda
exfarc frente 33, que con la excusa de un proceso de
negociación con el gobierno y bajo la captación de recursos
recibidos del gobierno colombiano, trataba de extender el
negocio del narcotráfico por toda la región.
El mismo ELN alertó al gobierno de esta situación y en
varias ocasiones expuso sobre la Mesa de Diálogos de Paz lo
que acontecía en la región y lo peligroso que era, más aún
siendo un grupo que supuestamente también dialogaba en
búsqueda de la paz.
Es parte del plan de guerra perpetua de EEUU
La soberbia o la obediencia del gobierno, no le permitió
ningún tipo de reacción distinta a continuar con el aval
a este grupo. Con lo que se reveló una primera verdad: el
accionar de la banda exfarc frente 33 estaba articulado a un
plan conjunto con el Estado colombiano.
Iniciada la confrontación en enero de 2025, dicha verdad
fue aún más evidente, pues ante la operatividad militar del
ELN, el Estado colombiano a través del Ejército estatal inició
las primeras acciones de apoyo, rescate y protección a los
miembros de la banda.
Son públicas las imágenes de los helicópteros estatales
rescatando a los jefes narcoparamilitares. Meses después se
conoció del caso de alias Mocho Olmedo, que fue sacado de la
zona y alojado en un apartamento de Bogotá, para luego ser
devuelto a la confrontación con el apoyo garantizado de las
Fuerzas Armadas (FFAA).
Guerra del Estado colombiano y
sus nuevos paramilitares contra el pueblo
Durante el año que ha corrido de esta confrontación,
el gobierno colombiano decidió brindar total apoyo a la
banda narcoparamilitar y darle la espalda a la población
catatumbera. Pues dicho apoyo se tradujo en un incremento de
la guerra. Mientras el Estado le brinda movilidad, protección
y abastecimiento a este grupo narcoparamilitar, no solo
incumplió las promesas del Pacto por la Transformación del
Catatumbo, sino que militarizó, bombardeó y presionó el
desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas.
Ante dicha decisión del gobierno y el maridaje evidente, una
pregunta obvia es ¿por qué ese apoyo tan comprometido e
irrestricto? La excusa de la política de Paz Total resultaba
corta, para el tamaño de la confrontación ocasionada.
Además de las contradicciones expuestas, pues mientras
al ELN se le declaró la guerra, se le intentó deslegitimar
y se desconocieron los acuerdos establecidos en la Mesa
de Diálogos. A la banda exfarc se le conceden territorios y
protege bajo la falsa figura de las Zonas de Ubicación Temporal
(ZUT), mientras continúan armados, en el narcotráfico y
asesinando pobladores.
La respuesta para esto también fue develada, pues con
las acciones de agresión de Estados Unidos (EEUU) contra
Venezuela y las amenazas a Latinoamérica, quedó claro que
el afán de apropiarse del territorio catatumbero e instalar
en el una banda narcoparamilitar, hace parte del plan
neocolonial de los EEUU.
En la estrategia imperialista de guerra proxy, la
frontera colombo-venezolana cobra una gran importancia
geoestratégica, por esto mismo, al iniciar acciones y
confrontar militarmente dicho plan, se empezó a tratar
al ELN como una amenaza geoestratégica regional para el
imperio.
Las realidades expuestas a partir de la guerra iniciada en el
Catatumbo, evidencian que el Estado colombiano subordina
cualquier política de paz bajo los intereses del imperio
norteamericano, Que el gobierno Petro no fue la excepción
y hoy aparece absolutamente vinculado al apoyo y auspicio
de una banda narcoparamilitar.
Durante el año de guerra en esta región, se han encontrado
numerosas pruebas del narcotráfico y las relaciones
internacionales de esta banda, también quedó claro la
condena del Estado colombiano incluido al gobierno actual,
al territorio del Catatumbo a la exclusión y sobretodo a
soportar el plan contrainsurgente de minarlo de cultivos de
uso ilícito, para romper el tejido social y así garantizar la
extracción de los recursos minerales.
Con esto último se confirma también que la política antidrogas
es una farsa puesto que el gobierno colombiano, apoya y
promueve una banda de narcos.
Asesinado de la semana
Miyer Solano Ortega, era un reconocido líder campesino
y comunitario, exdirectivo de la Asociación Campesina
AGROPATIA, organización integrante del Proceso de
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC);
fue asesinado el 14 de enero en circunstancias aún por
esclarecer.
Brinert Guillermo Muñiz Arias, era un reconocido líder
social y comunitario, edil de la Comuna 10 y figura activa en
el barrio Las Marías, en el municipio de Riohacha, La Guajira;
fue asesinado el 14 de enero, en el sector conocido como el
estadero La Roca, cuando un hombre que se movilizaba en
motocicleta se acercó y le disparó de manera indiscriminada.
Carlos Alberto Sánchez Hernández, era un reconocido líder
social comunal y comunitario, presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio Las Cumbres, en la comuna 6 de
Cúcuta, departamento de Norte de Santander; fue asesinado
el 13 de enero, al ser atacado con un machete en repetidas
ocasiones hasta causarle la muerte en la vereda El Topón,
del municipio de Cucutilla, en horas de la mañana, mientras
que otra persona que lo acompañaba resultó gravemente
herida y permanece en un centro asistencial.
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