Sergio Torres
Tres expresiones de un mismo mal, la corrupción del Estado
colombiano, que gobierno tras gobierno se repiten de forma calcada,
para los cuales aún no ha existido antídoto desde el mismo Estado,
porque todos los gobiernos operan esta corrupción.
Un modelo de Estado tan gravemente infectado por
prácticas corruptas, en todas sus ramas del poder y
cada una de sus dependencias, solo puede desinfectarse
con cambios profundos en sus objetivos, estructuras,
formas de mantenerse y políticas; esto es, solo puede ser viable
con una revolución que cambie radicalmente dicho modelo
oligárquico mafioso.
De ahí que sea imposible hacerlo dentro del marco y límites del
mismo Estado. Menos aún desde gobiernos que, lejos de impulsar
cambios, entran en las mismas lógicas corruptas y las dinamizan
con sus discursos falaces sobre transparencia.
La única forma de revertir la total corrupción del Estado
es devolviendo el poder al constituyente primario, el
pueblo. Es posibilitando el debate y la materialidad de las
transformaciones, que deben hacerse en absolutamente todos
los poderes estatales, modelos y políticas con los que ha operado.
Esto podría encabezarlo un gobierno que realmente esté por los
cambios y le dé lugar protagónico a las comunidades, sectores,
pueblos y organizaciones sociales. O bien pueden hacerlo estas
expresiones sociales por la vía de la movilización.
La tradición corrupta que no cambió
El problema de la hipercorrupción estatal viene acumulado desde
todos los gobiernos oligárquicos, agrandada por la presencia
directa de los clanes mafiosos y su paramilitarismo en el gobierno.
El aparente cambio en el perfil del actual gobierno no fue tal y, en
muchos aspectos, fue más parecido a los anteriores. Por ejemplo,
en los temas de corrupción dentro de sus gabinetes, funcionarios
y entidades.
Durante la última década del siglo XX, el Estado colombiano se
entregó por completo a tres grandes males impulsados desde
el imperio de los Estados Unidos: neoliberalismo, narcotráfico
y paramilitarismo, tres terribles tentáculos con los que desde
Washington se trazaron los modelos económico, político y militar.
Obviamente, la consecuencia de ello fue un Estado fallido, con
gobiernos entregados a la criminalidad en todas sus expresiones.
La solución enviada desde el norte para el mal creado por ellos
mismos, fue la llegada al gobierno, directa y presencial, de la
extrema derecha narcoparamilitar. Como en la transición entre
el siglo XIX y el siglo XX, Colombia volvió a vivir un cierre e
inicio de siglo marcados por una brutal violencia, ausencia total
del Estado y gobiernos criminales en abierta guerra contra el
pueblo.
Desde esa primera década del siglo XXI, las relaciones y manejos
al interior de los estamentos estatales se han manejado como un
modelo mafioso. También se creó así una gama de escenarios y
prácticas corruptas que llevaron hasta normalizar los grados
de corrupción “menos escandalosos”. Por ejemplo, entre los
multimillonarios robos de Agroingreso Seguro, la toma del Congreso
por parte del paramilitarismo, las falsas desmovilizaciones y los
acuerdos para legalizar paramilitares, comparados con las zonas
francas de los hijos del presidente de entonces Álvaro Uribe Vélez
(2002-2010).
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2028), fue
igual. Bajo la sombra del llamado acuerdo de paz con las Farc,
se repartieron enormes cantidades de recursos, a la misma vez
que los hijos de altos funcionarios contrataban con entidades
estatales, esposas de ministros en altas consejerías y direcciones
de institutos, o las clásicas embajadas otorgadas como parte de la
llamada “mermelada”. Término que se acuñó durante el gobierno
de Santos.
La siguiente presidencia 2018-2022 fue una mezcla de lo peor de
los dos presidentes anteriores, pero con el sello discapacitado y
espurio de Iván Duque. Ejemplos de ello fueron su Fiscal General
de bolsillo, Barbosa. O la red de corrupción conocida como “las
marionetas”, encargada de robarse contratos, dirigida por el
senador Mario Castaño. Red de la cual hacía parte la propia madre
del expresidente Duque, conocida como “la madrina”.
El llamado gobierno del cambio (2022-2026) no fue diferente.
La recepción corrupta del presidente progresista, Gustavo
Petro, fue la vinculación de su hijo, Nicolás Petro, y su hermano,
Juan Fernando, en casos de corrupción y recepción de recursos
ilícitos. Durante su gobierno han existido casos similares a los
acontecidos en los gobiernos anteriores. Funcionarios de alto
perfil y cercanía al presidente, como Carlos Ramón González, que
hoy están prófugos. Mafias clientelares que involucran ministros
y altos consejeros. Los Benedettis, las Lauras, los Roys…
Tal vez, la única diferencia que incluso empeora la enfermedad
es que Petro no maneja los poderes del Estado, por lo cual cada
quien jala y roba para su propio lado. Con ello se ratifica la tesis
inicial, un cambio real y profundo, que permita soluciones y
pasar la página de la violencia en Colombia; solo puede lograrse
con un cambio en el modelo de Estado protagonizado por todas
las expresiones del pueblo colombiano.
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