Sergio Torre
La historia de los gobiernos colombianos es la historia de las
tramas de corrupción, porque el régimen ha creado mafias en
todo el Estado, que quedan al desnudo en las corruptelas de
los gobiernos de turno, herencia que continúa el gobierno de
Petro.
E l pilar fundamental de la tradición corrupta es
el modelo político dominante, que garantiza la
permanencia de la oligarquía en el poder, aún con
la llegada por primera vez en la historia, de un
presidente que no provenía de la oligarquía tradicional o de la
emergente. Las consecuencias son justamente la generación
de una altísima exclusión, empobrecimiento y desigualdad
social, que agudizan el conflicto social, político y armado.
Una mirada rápida a los últimos 20 años de gobierno, en
que hay que recordar casos como el de Invercolsa, que tuvo
como principal protagonista a Fernando Londoño, Ministro
del Interior en el gobierno Uribe Vélez (2002-2010), que
registró la adquisición de acciones de forma fraudulenta,
por un monto de 9.000 millones de pesos.
Un ministro de agricultura de Uribe Vélez, famoso por el
entramado de corrupción, fue Andrés Felipe Arias, con el
caso de Agro Ingreso Seguro, con la destinación de recursos
por más de 200.000 millones de pesos a familias de mafiosos
y secuaces de Uribe.
Uno de los mayores casos de corrupción, que se prolongó
durante varios gobiernos, fue el de la constructora brasileña
Odebrecht. Que inició durante el gobierno Uribe Vélez con
los sobornos para las adjudicaciones de los contratos de las
vías Ruta del Sol I y II; que prosiguieron en las campañas
presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2018) y su
oponente Óscar Iván Zuluaga.
Directamente relacionados con narcoparamilitarismo,
también se conocieron casos durante los gobiernos de Uribe
Vélez, como el del general Santoyo, jefe de seguridad del
presidente, que tras ser investigado por narcotráfico,
admitió en Estados Unidos haber financiado y patrocinado a
las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Después, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022),
el escándalo de Centros Poblados desató gran indignación,
cuando la ministra de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Karen Abudinen, desapareció 70 mil millones
de pesos de un proyecto, que nunca cumplió el supuesto
objetivo, de llevar internet a zonas rurales del país.
Como estos casos hay una cantidad abismal y billones de
recursos del Estado robados por los entramados corruptos
desarrollados dentro de todas las instancias del poder y
durante todos los gobiernos.
No hubo cambio frente a la corrupción
El gobierno de Gustavo Petro no podía quedarse atrás,
al integrarse al modelo politiquero tradicional y a sus
costumbres corruptas de gobierno, por esto, hoy brotan los
casos de corrupción de toda la vida, como sobornos, desvíos
de recursos, alianzas criminales, entre otras.
El caso de corrupción que será emblemático en este gobierno
es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y
Desastres (UNGRD), que en lo corrido de un año ha vinculado
a 27 altos funcionarios de gobierno, en los que se incluyen
más de una docena de congresistas —empezando por los
expresidentes del Senado y Cámara— y al menos 2 ministros,
el exministro del interior, Luis Fernando Velasco, y el
exministro de hacienda, Ricardo Bonilla.
Lo que inició con la investigación por la fallida compra de 40
carrotanques para llevar agua al desierto de La Guajira, con
un contrato de 4.000 millones de pesos, terminó destapando
una compleja red de tráfico de sobornos, para garantizar
votos en la aprobación de proyectos de ley en el Congreso.
Esta semana la Fiscalía General presentó los cargos y la
solicitud de cárcel para los exministros Velasco y Bonilla,
a quienes acusa de direccionar contratos por más de 30
mil millones de pesos en un acuerdo ilegal con numerosos
senadores, como Julio Chagui, Martha Peralta y Berenice
Bedoya, en un entramado donde estarían vinculados
funcionarios de las administraciones regionales y locales.
El presidente Petro ha querido instalar una narrativa
negacionista del conflicto en Colombia, reduciéndolo a lo
que llama una “disputa por economías ilícitas”, cuando en
realidad, la mayor economía ilícita existente en el país es
la monumental corrupción, en que se sostiene el régimen
mafioso, de la cual entran a hacer parte funcionarios de su
gobierno.
Si el ‘gobierno del cambio’ se hunde en la corrupción
tradicional, se suma a perpetuar el régimen dominante y con
ello, agudizan más las desigualdades, atizando el conflicto
interno; mismo propósito que persigue el imperio, que es
mantener la guerra perpetua, eternización en la que solo
ganan los imperialistas y pierde el país.
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