Chavela Villamil
Ninguna política que emane del capitalismo o el neoliberalismo
diezmaran la desigualdad y mucho menos la pobreza estructural, ya que
el modelo económico las fomenta para poder continuar fortaleciendo
el libre mercado e incrementando el capital en un reducido grupo
plutocrático.
La pobreza y la desigualdad
continúan siendo una constante
Según la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, los
elevados niveles de desigualdad de ingresos de América
Latina y el Caribe, son un obstáculo para el progreso hacia
el desarrollo social inclusivo y contribuyen a la crisis de
desarrollo que atraviesa la región; en los últimos diez años,
se observa que la desigualdad de ingresos de la región es
persistentemente más alta que la de los países de la OCDE,
por lo tanto la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), considera que la desigualdad extrema de
la región es inaceptable desde la perspectiva de derechos
y justicia social, además de ser ineficiente desde el punto
de vista del crecimiento económico. La desigualdad no solo
afecta las oportunidades de las personas y limita su acceso al
bienestar, sino que también tiene consecuencias negativas
para la sociedad en su conjunto y para el desarrollo de los
países, se trata de un fenómeno que erosiona la cohesión
social y la estabilidad de los pactos sociales de distintas
maneras [*].
La CEPAL ha identificado seis factores o causas principales
que contribuyen a explicar la elevada desigualdad en los
países de la región y los bajos niveles de movilidad y cohesión
sociales:
1.- El escaso crecimiento, que da lugar a mercados laborales
poco dinámicos y con altos niveles de informalidad, junto
con las grandes disparidades en la productividad, que
generan mercados laborales segmentados, con diferencias
significativas en materia de remuneraciones.
2.- Los sistemas tributarios regresivos.
3.- Las políticas sociales y de protección social débiles, que
no reducen los efectos de la desigualdad arraigada en el
ámbito productivo.
4.- Los sistemas educativos con graves debilidades, que no
responden a las nuevas necesidades del mercado laboral
asociadas a la revolución tecnológica, y que, además, están
segmentados, por lo que no desempeñan el papel que deberían,
como potente mecanismo de movilidad social.
5.- La desigualdad de género.
6.- El elevado nivel de desigualdad y segregación espacial
en las zonas urbanas, en las que vive el 80 por ciento de la
población total de la región.
La dependencia que tiene nuestro país del capital extranjero
y la desaceleración de la productividad y el mercado interno,
han conllevado a que continuemos con grandes déficits en
los indicadores de pobreza y desigualdad; según la CEPAL,
Honduras, Colombia y Argentina son los países con mayores
índices de pobreza en la región, siendo Colombia el segundo
país con mayor pobreza, y el primero en desigualdad, en
América Latina.
La baja productividad y la baja capacidad de compra de
los sectores socioeconómicos medios, medio-bajos y bajos,
incrementan la deceleración económica existente y hace
más difícil la posibilidad de una recuperación económica, por
lo tanto, el país está lejos de alcanzar un punto de equilibrio
a largo plazo.
El incremento en las ventas que reflejan algunos sectores de
la economía, se percibe como un leve aumento del comercio
y de las utilidades, pero esto, no se refleja en aspectos como
la recuperación del empleo ni la formalización del trabajo
informal, solo repercute en el repunte de las utilidades de
las grandes empresas y las corporaciones.
Nuestra economía solo es viable
si cambiamos el modelo
Durante décadas gran parte del país y en especial las zonas
periféricas, han estado sumidas en un total abandono
estatal, a tal punto que carecen de servicios fundamentales
como alcantarillado y agua potable; lo que conlleva a que
crezca constantemente la pobreza multidimensional, y con
mayor fuerza se incremente la pobreza monetaria, en gran
medida por el bajo poder adquisitivo per cápita, que a su vez
está determinado por la falta de empleo formal, y la sobre
proliferación del subempleo -rebusque-, que ni incrementa
el poder adquisitivo ni mucho menos permite suplir las
necesidades básicas.
La marcada contracción de la economía requiere que el
Gobierno trace un plan de emergencia, que en plazo inmediato
debe centrarse en la disminución del Gasto Corriente
(burocracia, guerra, pago de intereses de la Deuda Externa
-DE-), y el incremento del recaudo, centrando este último
no en la captación por masa de capital, sino en la captación
por volumen de capital neto.
Nuestra política económica debe estar fundada en favorecer
a todos los colombianos, en especial en subsidiar capas bajas
de la sociedad, además el desarrollo sostenible debe tener
como eje central el aumento del poder adquisitivo per cápita
y la disminución de los beneficios fiscales y tributarios
de los mega empresarios; en otras palabras, como sociedad
debemos luchar por una política económica que disminuya
el Gasto Corriente e incremente de manera integral el Gasto
Social.
Dar solución a la crisis económica del país implica congelar los
montos destinados a la DE y en el mediano plazo renegociar
este pasivo; además, la política estatal debe desarrollar un
plan estricto de austeridad fiscal, que desde luego debe
contemplar la disminución de la carga burocrática y decrecer
el Gasto Corriente.
La reactivación y la solidez solo es posible incrementando
el flujo de capital líquido y mejorando el poder adquisitivo
per cápita, lo que tiene implícito dar solución al desempleo,
a la vez que se desarrolla un plan de formalización del
empleo. Por lo tanto, es inaplazable un cambio estructural
de la política económica y laboral, en otras palabras, se debe
incrementar la tributación de las grandes empresas y de
los grandes capitales, generando una política redistributiva
que invierta este dinero en planes de desarrollo integral
sostenible, que dé prioridad a la inversión nacional y
retraiga la inversión de capital transnacional.
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