Chavela Villami
La distribución de la tierra y la riqueza en Colombia han
sido desiguales, producto de un modelo que favorece la
acumulación de capital en un reducido grupo plutocrático;
mientras fomenta la pobreza en la mayoría de la población, lo
que constantemente aumenta la desigualdad.
Durante décadas el modelo capitalista ha venido
experimentando una crisis que ha contraído
paulatinamente la economía global, lo que ha
conllevado su desaceleración; este impacto se
siente con mayor fuerza en los países dependientes del
capital extranjero, que se ven obligados a incrementar
constantemente su déficit de Cuenta Corriente. El Banco
Mundial (BM) en su Informe ‘Trayectorias: Prosperidad y
reducción de la pobreza en el territorio colombiano’, plantea
que:
“Históricamente el Estado ha sido incapaz de prestar
servicios públicos de calidad en los distintos departamentos
y municipios, desde luego esta incapacidad se traduce en
menores oportunidades para muchas personas de acumular
activos esenciales como educación, salud, tierras y vivienda,
fundamentales para mejorar su calidad de vida. Esta
situación es más crítica en departamentos como La Guajira,
Vaupés, Amazonas, Nariño y Guainía, afectando de manera
desproporcionada a grupos vulnerables, como los pueblos
indígenas”.
“Los altos niveles de desigualdad pueden obstaculizar la
reducción de la pobreza, frenar el crecimiento económico,
limitar el acceso de las personas a las oportunidades
económicas y educativas y reducir la cohesión social general
de un país” [*]
La pobreza y la desigualdad crecen sin techo
Según el índice de Gini de ingresos o consumo, nuestro
país está dentro de la categoría de desigualdad alta con un
puntaje de 54.8 y, en el continente americano, Colombia es
el segundo país más desigual, y a nivel global ocupa el tercer
lugar. Por su parte el Informe Panorama Social de América
Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), plantea que al cierre del año
anterior, más de 172 millones de personas no lograban
cubrir sus necesidades básicas en la región; en el ranking
de países con mayores niveles de pobreza, Colombia ocupa
el segundo lugar, con más de 30 por ciento de su población
en esta situación de pobreza y, más del 10 por ciento en
cordones de pobreza extrema o miseria.
Es indispensable cambiar el modelo
Durante décadas gran parte del país y en especial las
zonas periféricas han estado sumidas en un total abandono
estatal, a tal punto que carecen de servicios fundamentales
como alcantarillado y agua potable; lo que conlleva a que
crezca constantemente la pobreza multidimensional, y con
mayor fuerza se incremente la pobreza monetaria, en gran
medida por el bajo poder adquisitivo per cápita, que a su vez
está determinado por la falta de empleo formal, y la sobre
proliferación del subempleo -rebusque-, que ni incrementa
el poder adquisitivo ni mucho menos permite suplir las
necesidades básicas.
La marcada contracción de la economía requiere que el
Gobierno trace un plan de emergencia, que en plazo inmediato
debe centrarse en la disminución del Gasto Corriente
(burocracia, guerra, pago de Deuda Externa) y el incremento
del recaudo, centrando este último no en la captación por masa
de capital sino en la captación por volumen de capital neto.
Nuestra política económica debe estar fundada en favorecer
a todos los colombianos, en especial en subsidiar capas bajas
de la sociedad, además el desarrollo sostenible debe tener
como eje central el aumento del poder adquisitivo per cápita
y la disminución de los beneficios fiscales y tributarios
de los mega empresarios; en otras palabras, como sociedad
debemos luchar por una política económica que disminuya
el Gasto Corriente e incremente de manera integral el Gasto
Social.
Dar solución a la crisis económica del país implica congelar
los montos destinados a la Deuda Externa y en el mediano
plazo renegociar este pasivo; además, la política estatal
debe desarrollar un plan estricto de austeridad fiscal, que
desde luego debe contemplar la disminución de la carga
burocrática y decrecer el Gasto Corriente. La reactivación
y la solidez solo es posible incrementando el flujo de capital
líquido y mejorando el poder adquisitivo per cápita, lo
que tiene implícito dar solución al desempleo, a la vez que
se desarrolla un plan de formalización del empleo. Por lo
tanto, es inaplazable un cambio estructural de la política
económica y laboral, en otras palabras, se debe incrementar
la tributación de las grandes empresas y de los grandes
capitales, generando una política redistributiva que invierta
este dinero en planes de desarrollo integral sostenible que
dé prioridad a la inversión nacional y retraiga la inversión
de capital trasnacional.
