Claudia Julieta Parra
Sigue el debate por la estafa, que implica entregar la concesión
de carreteras a perpetuidad, para enriquecer al oligopolio de
la construcción, con el que administran los peajes -valor y
cantidad por tramo vial-, sin asumir el mantenimiento de las
vías.
El alto costo de los peajes, el exceso de los mismos
en tramos cortos, como, por ejemplo, entre Bogotá e
Ibagué que no tiene más de 200 kilómetros, tienen
instalados 4 peajes, -un peaje cada 50 kilómetros-,
lo que constituye un abuso, y como este caso, se replican
cientos en todo el país, lo que ha colmado el ánimo de los
usuarios, que cada día exigen con mayor vehemencia
reducciones drásticas, en términos del costo de transitar
las vías. Esto llevó a que en el Consejo de Ministros de esta
semana, cuestionaran la utilidad de concesionar las vías a
oferentes privados.
Gustavo Petro ha planteado cambiar varios modelos de
concesiones, que existen hoy en día en Colombia: “podríamos
usar los recursos de los proyectos viales 4G y 5G que no
están avanzando, para financiar la atención de la emergencia
sanitaria de la fiebre amarilla”. En Colombia, el 87,3 por
ciento de las vías están concesionadas a empresas de carácter
privado, pero el mantenimiento de la malla vial nacional
es responsabilidad estatal; por lo tanto, los incrementos
constantes en el precio de los peajes, crecen las utilidades
de los mega empresarios, pero al ser muy bajos los ingresos
estatales recaudados por este concepto, es mentira decir
que este ingreso saneará el déficit fiscal y mucho menos
mejorará el deplorable estado de gran parte de las carreteras
del país.
Mitigar el déficit fiscal no se logra incrementando rubros que
solo benefician al sector privado y que además incrementan
el déficit de costo de vida; sanear el déficit y salir de la crisis
económica, tiene implícito disminuir el Gasto Corriente
(burocracia, guerra, pago de intereses de la Deuda Externa).
Además, alcanzar el desarrollo productivo y económico del
país, tiene implícito una reinversión en construcción vial (de
primero, segundo y tercer orden), lo que a su vez requiere
cambios estructurales en los paradigmas económicos.
