Comando Central (COCE)
A pesar de los reconocimientos, declaraciones y pedidos de perdón
por parte del Estado colombiano, el holocausto del Palacio de Justicia
en 1985, sigue siendo un hito histórico de los crímenes de
guerra cometidos por el Estado.
40 años después, todavía la élite gobernante impone
una gran impunidad, tratando de esconder y negar
aristas de aquella tragedia.
Para superar la impunidad, acercarse a una real
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
por parte del Estado, así como extraer lecciones de una
situación tan grave como la del Palacio de Justicia, hay que
desenmarañar y evidenciar toda la verdad. Más allá de la
farsa de los largos procesos de investigación y acusaciones
por los crímenes de Estado, perpetrados por militares en la
operación de retoma, hay otros elementos que hacen parte
de esa verdad y que deben conocerse y revisarse.
Uno. Cuando la guerrilla del M-19 ejecutó la acción, en la que
se tomaron las instalaciones del Palacio de Justicia, planteó
una negociación. Es decir, se ejecutó una acción de presión,
para plantear un escenario en el que se debatieran realidades
y situaciones del contexto político de ese momento. Ya lo
habían hecho años atrás con la acción de la Embajada de
República Dominicana, pero contrario a lo acontecido en esa
acción, en la toma del Palacio de Justicia el régimen negó la
negociación, no optó por una salida negociada y respondió
con el desarrollo de una operación militar desproporcionada,
en la que buscó el aniquilamiento de todas las personas que
estaban dentro del Palacio.
Dos. Como ha sido desde hace 8 décadas, la Doctrina de
seguridad, la dirección y las órdenes a las Fuerzas Militares
colombianas las da el gobierno de los Estados Unidos. Dicha
obediencia y sumisión a los dictámenes norteamericanos,
venían bien aceitados y adoctrinados desde el gobierno de
Turbay Ayala (1978-1982). Por lo cual, ante la situación
generada en el Palacio, la decisión de los militares fue acatar
las órdenes de EEUU y desconocer al presidente Betancur
(1982-1986), que había ordenado detener la operación
militar; por el contrario, la continuaron buscando el saldo
que todos conocemos. En un escenario de búsqueda de verdad,
lo hecho por los militares bajo el mando de los EEUU, fue dar
un golpe militar contra un presidente civil.
Tres. La narrativa que el régimen ha querido imponer frente
a los hechos del Palacio de Justicia, se ubica en la idea del
exceso, de una “respuesta necesaria que se salió de control”,
donde el principal culpable es el M-19, por haber generado
la situación de una operación militar de aniquilamiento que
se desbordó. Una narrativa falsa que esconde otros intereses
que se priorizaron.
Cuatro. Los EEUU y la oligarquía colombiana aprovecharon
las acciones del Palacio de Justicia para deshacerse, dar de
baja, a los magistrados demócratas de la Corte Suprema de
Justicia, entre ellos, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes
Echandía. Algunos de ellos fueron ejecutados dentro del
Palacio, otros en las instalaciones de la inteligencia militar.
El magistrado, Alfonso Reyes Echandía, alertaba por tesis
como esta: “Aunque en Latinoamérica, constitucional y
políticamente el ejército tiene como misión defender la
independencia y soberanía nacionales, a partir del triunfo
de la Revolución cubana comenzó a abrirse paso la tesis de
que el enemigo de la soberanía ya no provenía del exterior,
sino que estaba arraigado en el interior del Estado”.
Por esto, EEUU y la oligarquía utilizaron y aprovecharon
la toma del Palacio para resetear la justicia e impedir
visiones demócratas dentro de esta rama del Estado, creando
un remedo de justicia, que ha permitido y sostenido los
mayores registros de impunidad y permitiendo que incluso
los mayores criminales lleguen a ser presidentes.
40 años después de estas acciones, algunas cosas han
cambiado, pero la mayoría no. El régimen de costumbres
genocidas y las imposiciones de los EEUU se mantienen,
sosteniendo un narco Estado con unas Fuerzas Armadas
mafiosas y paramilitares.
Aún siguen investigaciones en curso y algunos militares
han sido condenados por los hechos del Palacio de Justicia.
Sin embargo, aún están pendientes las responsabilidades
por los crímenes de lesa humanidad, al asesinar, torturar y
desaparecer civiles, entre ellos los magistrados de la Corte.
Así mismo, está pendiente la asunción de responsabilidades
por el golpe militar y quienes lo ordenaron. Y por los que
desconocieron un escenario de negociación, porque ya tenían
la orden de asesinar.
Con desfachatez, los extremistas de derecha hoy plantean
escenarios de indulto a los militares, llamando al Perdón
Total, como parte del silenciamiento y olvido de estos
interrogantes aún sin resolver, por los cuales no solo se
deben condenar a algunos militares de rango medio.
En aquel momento de 1985, el M-19 planteó la toma del
Palacio de Justicia, con el objetivo de exigir que la Corte
Suprema de Justicia hiciera un juicio político al presidente
Betancur, por el incumplimiento de los acuerdos firmados
un año atrás, en una mesa de diálogo.
¿Qué dirá Petro hoy de esto?
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