Himelda Ascanio
La soberbia es prima hermana de la estupidez y en Colombia
también es amante de la impunidad. Mientras los medios
empresariales se dedican a manipular y el gobierno intenta
negar el conflicto con narrativas falsas, territorios enteros
sufren la gavilla entre el Estado y el narco paramilitarismo.
T odas las semanas aparece una prueba más del maridaje
entre las Fuerzas Armadas del Estado (FFAA) y las
bandas de narco paramilitares. Esto sin mencionar los
cientos de testimonios, declaraciones y evidencias
recogidas y mostradas por el ELN, a las que ni el gobierno
y mucho menos los medios corporativos le otorgan alguna
visibilidad. Sin embargo, en las propias comunidades la
realidad que se vive es evidente y las poblaciones que son
víctimas de esta relación la conocen bien.
Es tal la magnitud de esta situación, que incluso los
propios organismos y entidades estatales han tenido que
evidenciarla, aunque rápidamente sea tapada y ocultada
desde el mismo gobierno. Esto a su vez se constituye en
una clara demostración de la desidia y el desinterés por la
gente, por los excluidos de siempre. En el caso del gobierno,
es una perversa falsedad contra quienes en campaña llamó
“los nadie” y la “Colombia profunda”.
Desde la propia Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo
han emanado informes y publicaciones sobre el avance
del paramilitarismo en las regiones, así como las claras
relaciones que existen con las FFAA. Estos dos entes, el
uno encargado de investigar y ejercer control judicial, y el
otro de proteger los derechos de la gente, han denunciado y
evidenciado esta situación.
El sistema de alertas tempranas de la Defensoría ha emitido
una cantidad de documentos en donde, incluso, han anticipado
la configuración de escenarios de atropellos por parte de las
bandas narcoparamilitares. Evidenciando desplazamientos
y coordinación entre Ejército y bandas como el clan del golfo
y las Exfarc.
De la misma manera, un reciente informe de la Fiscalía, reveló
testimonios de paramilitares desmovilizados, en los cuales
relatan con detalle la manera en que son trasladados de una
región a otra, en vehículos del Ejército estatal y custodiados
por soldados. Caso concreto de la banda de Antonio Medina
en Arauca, que recibe todo tipo de asistencia por parte de las
Fuerzas Armadas. También ha sido de conocimiento público,
la protección brindada a la banda ex-farc frente 33 en el
Catatumbo. Y las acciones coordinadas con el clan del golfo.
Bandera falsa y odio al pueblo
Para mayor demostración del vínculo criminal y el odio
al pueblo colombiano. Recientemente se han conocido
evidencias de las operaciones de bandera falsa, realizadas
por el propio ejército y policía. Como sucedió en Boyacá,
donde unidades del ELN enfrentaron a sujetos que se hacían
pasar como una banda, pero resultaron ser miembros del
Ejército, con tal descaro que informaron que habían caído
haciendo labores de patrullaje, cuando en realidad estaban
extorsionando la comunidad. En el Catatumbo se reportaron
soldados del Ejército combatiendo junto a las Exfarc, con
armamento estatal, pero brazalete de esa banda.
Pero el elemento que más demuestra el desdén y la imposición
al Gobierno en contra de las comunidades y territorios, es
la soberbia defensa y la insistencia en la legalización y
perpetuación de esta relación por parte del alto gobierno en
cabeza del presidente. Pues entre más pruebas existen, más
es su intención de crear figuras para proteger y legalizar a
estas bandas. Caso concreto la llamada y fracasada ZUT. O las
supuestas mesas de diálogo que conservan con estos grupos,
aunque sigan arrasando y vulnerando comunidades enteras.
Las comunidades víctimas de la connivencia y colusión
entre el Estado y el paramilitarismo, saben perfectamente
que si esta situación no cambia, no podrá haber Paz. Han
denunciado de todas las formas posibles la realidad que
los victimiza. Incluso organizaciones internacionales han
constatado esto.
Un gobierno que realmente busque pasar la página de la
violencia y construir la Paz, tiene por obligación que acabar
esta relación de colusión con las bandas narco paramilitares,
acabar la doctrina del Enemigo Interno, cambiar la doctrina
de la FFAAA y depurarlas de verdad. Mientras estas fuerzas
del Estado sean la mayor banda criminal y narcotraficante
en Colombia, no podrá cambiar el estado actual de violencia.
Esto lógicamente implica deslindar de las imposiciones del
gobierno de los Estados Unidos. Si el Estado no lo hace, tendrá
que ser el pueblo organizado quien lo imponga.
Asesinados de la semana
Héctor González Epieyu, era un reconocido líder Wayúu,
comprometido con la defensa de su pueblo y con la
construcción de una transición energética justa en los
territorios de La Guajira; Fue asesinado el 22 de agosto,
cuando dos hombres armados interceptaron a la víctima y le
dispararon en repetidas oportunidades.
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