Himelda Ascanio
Las denuncias sobre las trampas a la paz hechas en Nariño,
ocasionaron el congelamiento de la Mesa de Diálogos con el
ELN, ahora se conocen mejor debido a diversas publicaciones,
hechas por organizaciones sociales y de la prensa nacional.
Desde que Petro inició su giro hacia la derecha y se
empezó a develar su continuismo con el régimen
mafioso orientado desde Estados Unidos, encabezó
una serie de negaciones y señalamientos, contra
quienes criticaran las acciones de su gobierno. En cuanto a
la política de paz, desarrolló una agenda paralela y pérfida
encabezada por su consejero comisionado de paz, Otty
Patiño, dedicada a adelantar simulaciones de procesos de
pacificación fragmentados, en que ‘lavan la cara’ a bandas
y carteles de todo tipo, como en Nariño, Putumayo, Sierra
Nevada, Catatumbo, entre otras.
En una entrevista a El País de España en abril de 2024, el
Comandante Pablo Beltrán decía: “Cada cosa que decimos ahí
(en la Mesa de Diálogos) tenemos 12 testigos… tuvimos ocho
meses de paciencia y que si ellos persisten en eso pasamos
del congelamiento en el que estamos hoy, a la amenaza de
existencia de la Mesa (con el ELN). Esta delegación no tiene
mandato para seguir en ella… Dije una cosa en la Mesa y se
ofendieron: esto no nos lo habían hecho ni Uribe, ni Santos,
ni Duque. Estamos peor con Petro que con esos presidentes.
Estamos muy ofendidos. Nunca un Gobierno había estirado
tanto la cuerda como esta vez”.
Estigmatizan y amenazan a quien los critique
Contrario a algún tipo de reflexión crítica y en una especie
de pleonasmo de soberbia, el presidente y sus ministros
más cercanos, iniciaron una andanada de señalamientos
peligrosos contra todo quien se atreviera a criticar, exponer
o denunciar las falsedades de su política de paz. Entre 2024
y 2025, el gobierno aceleró la continuación de sus dobles
agendas con la promoción de bandas narco paramilitares
en versión progre. Ante lo insostenible de estas acciones
y lo evidentes que resultaron, las repuestas del gobierno
fueron la descalificación, el señalamiento y el intento
de deslegitimar, esto aplicado a comunidades, liderazgos
sociales, entidades gubernamentales y al ELN.
De esto hay varios ejemplos aterradores. El 3 de marzo de
2025, en uno de los Consejos de Ministros televisados, ante
las críticas que las organizaciones sociales y comunidades
del Catatumbo hacían por la militarización e implementación
del Estado de Conmoción en la región, del cual anunciaban
traería más violencia y más guerra; el presidente Petro dijo:
“sabemos que muchas de las organizaciones que presentó
Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas.
Aun así, hay que quitarle la población a las armas.
No se trata de llevarle recursos a las armas que hay allá”. Un
señalamiento directo y amenazante que las organizaciones
sociales rechazaron. 3 meses después, el tiempo y la realidad
han concedido la razón a las comunidades, el Estado de
Conmoción pasó y de nada sirvió.
En abril de 2025, en pleno desarrollo del estado de conmoción
en el Catatumbo, el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez,
denunciaba en su cuenta de X: “El Ejército bombardea la
vereda El Pino sin importar la presencia de campesinos,
niños, niñas, de seguir, se presentará desplazamiento masivo,
ojo con población civil”. Ante esta voz de alerta, la respuesta
del ya entonces ministro del interior, Armando Benedetti,
amigo y protegido del presidente, fue: “Señor Personero
de Ocaña, negar la efectividad del decreto de Conmoción
Interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo
de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es
sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”.
Señalamiento que el propio Petro ratificó en el Consejo de
Ministros. Hoy es claro que se presentaron y se siguen
presentando desplazamientos masivos, pues la alianza entre
el Ejército estatal y la banda Exfarc, frente 33, es cada vez
más evidente y se hizo prácticamente pública.
De hecho, frente a estas acciones fue la propia ONG Human
Rigth Wacth quien también hizo pública dicha denuncia:
el gobierno tomó partido por la banda del 33, los protege
amparado en un supuesto cese al fuego unilateral, que el
gobierno les concedió. Ante estas nuevas evidencias, el
gobierno se descaró aún más y prácticamente asumió pública
y unilateralmente la sociedad de auspicio, protección y
legalización de la banda, con todo y que esta continúa en el
narcotráfico y asesinando pobladores.
Resultó podrido el pollo, del ‘arroz con pollo’
Lo último que se hizo público esta semana, fueron las
denuncias hechas por las comunidades indígenas de Nariño,
y publicadas en una investigación del diario El Espectador:
“Las víctimas estaban denunciando lo que ya es un secreto
a voces en el territorio. Según líderes indígenas, los
combatientes desmovilizados son, en su mayoría, hombres
mayores, ya agotados por la guerra. Mientras tanto, los más
jóvenes y operativos simplemente han cambiado de brazalete:
ahora se identifican como Autodefensas Unidas de Nariño
(AUN), como “Los Cuyes” o como cualquier otra sigla que
convenga al momento. Las autoridades indígenas estaban
denunciando esta farsa y, por hacerlo, fueron asesinadas”
[*].
Silencios cómplices
Todas estas evidencias y denuncias fueron hechas por el
ELN en su justo momento. La soberbia del gobierno, desde
el presidente, sus ministros, funcionarios y delegados, va
más allá de traición al pueblo colombiano. Pues han seguido
adelante con planes criminales que cuestan vidas y niegan
la posibilidad de la paz.
Muchos de los burócratas gubernamentales, aun conociendo
la realidad la negaron, ‘miraron hacia un lado’ y guardaron
un silencio cómplice, que los hace corresponsables de estos
delitos. Petro escogió el camino de la muerte, aun cuando en
las plazas públicas habla de vida y paz, esa es la esencia de
su gobierno. Una mentira que no pudo repetir y que se le
cae encima.
