Claudia Julieta Parra
La estructura del sistema de la energía eléctrica lo hace
deficitario para solventar este servicio en las esferas sociales
bajas; su estructura neoliberal lo hace altamente costoso,
lo que ha sumido a 9,6 millones de colombianos en pobreza
energética y a más del 20 por ciento de la población la tiene
en auto racionamiento.
A finales de la década del sesenta del siglo anterior
el Gobierno decidió integrar todos los sistemas
eléctricos existentes en el país, para crear el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) que integra todas
las líneas de transmisión de energía y subestaciones, por
tanto, las centrales de generación no atienden la demanda
de energía del municipio o región donde están ubicadas, ya
que la energía va directamente al SIN.
La CREG es una unidad administrativa autónoma sin
personería jurídica adscrita al Ministerio de Minas y
Energía, que tiene como función regular la distribución
equitativa, masiva y al menor costo posible de la energía
eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros. A
su vez, esta entidad no es la encargada de fijar el precio
básico del kilovatio hora (KWh), este es determinado por
las empresas generadoras, que establecen su valor por los
estándares comerciales internacionales (valor cambiario
en Bolsa de los combustibles), además, se debe indexar los
costos de transmisión, distribución y comercialización, su
sumatoria determina el valor bruto del KWh, por si fuera
poco este valor esta mediado o inferido por la oscilación del
Índice de Precios al Productor (IPP) -inflación-.
Cunde el pánico
En el más reciente consejo de ministros televisado, quedó
en evidencia los problemas estructurales que tiene el
modelo tarifario de energía eléctrica, que tiene a punto de
la insolvencia los subsidios que gozan los estratos 1, 2 y 3 y,
que más allá de la incompetencia administrativa, el núcleo
del problema radica en la enajenación de este servicio que
casi en su totalidad fue concedido al sector privado, y en
una ecuación tarifaria que deja el valor del Kwh en manos
de la especulación del mercado bursátil.
Esta semana el Contralor General de la República, en un acto
de pánico económico y energético, “encendió las alarmas”,
por el incremento del déficit en el pago de subsidios a las
empresas de energía; según cifras oficiales el déficit por
razón de subsidios asciende a los 2,7 billones de pesos y, en
caso de un desmonte de los mismos las ya altas tarifas de
la energía eléctrica se incrementarían hasta en un 140 por
ciento. Actualmente los estratos 1, 2 y 3, tienen subsidios que
cubren el consumo hasta los 130 Kwh –de ahí en adelante se
factura tarifa plena–, el estrato 4 paga tarifa plena, mientras
los estratos 5, 6 y comercial tienen una sobretasa del 20 por
ciento.
Soluciones al alcance de la mano
Lo más sensato sería incrementar la sobretasa en un 10 por
ciento a los estratos 5 y 6, y un incremento del 15 por ciento en
la sobretasa de las empresas y comercios categorizados como
grandes, megaempresas y trasnacionales; esto permitiría
en solo el primer mes recaudar más de 1,5 billones, lo que
aliviaría el actual déficit, ¿lo lógico no es que entre mayor
capital y poder adquisitivo, mayor debe ser la contribución
al Estado?
Incrementar la sobretasa en los estratos altos y las grandes
empresas es una medida urgente y necesaria, pero que
no resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema
energético colombiano. El déficit de acceso a electricidad
existente en nuestro país es incoherente, teniendo en
cuenta la gran riqueza hídrica existente, además los altos
costos del fluido eléctrico, nos debe hacer reflexionar en
cómo un servicio público esencial se convirtió en mercancía
y su modelo está regulado para favorecer las utilidades de
la empresa privada y no las necesidades de la población, en
especial la población excluida y empobrecida.
El problema de fondo del costo de los servicios públicos en
general es que producto del sistema neoliberal estos fueron
privatizados, lo cual dejó estos servicios fundamentales
esclavos de la lógica capitalista, donde el principal fin es la
obtención de utilidades.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos va más
allá de extender o incrementar los subsidios otorgados por
el Estado, una primera medida debe otorgarle la fijación de
tarifas al Estado y en el largo plazo retornarle el monopolio
de estos servicios esenciales al Estado; desde luego, estos
cambios necesarios implican un nuevo paradigma económico
que vaya en función del deber ser de la economía, que
es el bienestar y beneficio de la población, esto sin duda
generaría avances en la atención del déficit de Gasto Social
e implicaría una ruptura con los bancos multilaterales y con
la plutocracia local y global, ¿está dispuesto este Gobierno
a romper la lógica neoliberal y generar una economía de
orden social, que democratice las tarifas de los servicios
esenciales?
