Claudia Julieta Parra
Las horas extras, al igual que los recargos dominical y festivos
son derechos adquiridos por los trabajadores, cercenados
durante la era Uribe para favorecer los oligopolios y ahora
incluidos en la Reforma, y los megarricos se oponen a dignificar
el salario de sus trabajadores.
Nuevamente se discute en el Congreso la Reforma
Laboral que en ninguno de sus artículos tiene cambios
estructurales al modelo, solo contempla pequeños
incrementos y mejoras en derechos adquiridos
de los trabajadores. Hasta ahora han aprobado más del 80
por ciento del articulado de la reforma, sin embargo, las
horas extras y, los recargos dominical y festivo son puntos
neurálgicos donde los Congresistas no se ponen de acuerdo,
gran parte obedece a que algunos de ellos representan los
intereses -voceros- de los oligopolios, los cuales se oponen
al aumento monetario de dichos derechos, bajo la falacia de
que esto generaría despidos por no contar con los medios
para asumir dichos cambios.
Esta semana uno de los hombres más ricos del país, Luis
Carlos Sarmiento Gutiérrez -hijo del fundador del Grupo
Aval Luis Carlos Sarmiento Angulo-, lanzó una afirmación
temeraria que algunos sectores la pueden interpretar como
una amenaza: “Si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me
cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad,
y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero
ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo
tener sino ocho empleados”.
Tomando como base el ejemplo que plantea Sarmiento, dicho
incremento salarial en sí mismo representa un decremento
en el margen de utilidades de sus empresas inferior al 3 por
ciento, es decir, con 10 empleados a costo de 100 pesos tenía
un margen de utilidades de 3.500 pesos, con el incremento y
sosteniendo la misma cantidad de empleados la disminución
en su utilidad es solo de 105 pesos, lo que equivale a sus
utilidades serían de 3.395; lo que refleja que el despido de dos
empleados no solo es injustificado sino que es una amenaza
que trata de generar pánico para evitar una reforma que
genera un leve alivio en los empleados asalariados.
La Reforma Laboral que tratan de revivir en el Congreso, no es
una propuesta que modifica el sistema laboral y mucho menos
tiene injerencia en el modelo económico, mucho menos afecta
problemas estructurales que causan la creciente perdida de
poder adquisitivo per cápita, como lo son el empleo informal,
la pauperización de las condiciones laborales y salariales, y
la tercerización laboral -a la que recurren incluso empresas
del Grupo Sarmiento para disminuir los costos de producción
y funcionamiento, y aumentar el margen de utilidades-. Por
lo tanto, negarse los cambios propuesto es una total infamia,
ya que estas modificaciones salariales no representan un
incremento superior al 2 por ciento del salario minino
mensual, lo que no desbalancearía la ecuación económica, pero
si produce sensación de bienestar en lo trabajadores, lo que
según los expertos permite incrementar la productividad.
El problema central de nuestra economía no es del orden
financiero o de percepción de ingresos, en sí su problema
radica en la política económica, toda vez que el Gobierno
sostiene una política que le da prelación al Gasto Corriente
(burocracia, guerra, pago de Deuda Externa) y sostiene la
aplicación del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en
inglés), la cual solo favorece los intereses oligopolios a la
vez que transfiere la carga tributara a la masa comercial; lo
que acentúa la desigualdad e incrementa el déficit de poder
adquisitivo per cápita.
El sistema actual y la política económica instaurada por
Gobiernos anteriores y, avalada y continuada por este
Gobierno, no avanza en saldar el Gasto Social ni genera
sostenibilidad, crecimiento y productividad; por ende, se
requiere una política de empleo formal que disminuya el
desempleo y reduzca el subempleo, lo cual incrementaría el
flujo de capital circulante y reactivaría la economía; en otras
palabras, salir de la crisis económica demanda generar empleo
bien remunerado, elevar el poder adquisitivo per cápita y
fomentar políticas de desarrollo integral de la producción
nacional.
