
Claudia Julieta Parra
El modelo en sí mismo genera la desigualdad socioeconómica
y para sostenerse incrementa contantemente los índices de
pobreza (multidimensional y monetaria), penuria que afecta
con mayor fuerza a países dependientes de la economía
externa.
L os fenómenos macroeconómicos que han venido
desarrollándose durante los últimos años, han generado
una desaceleración global de la economía, suscitado
un incremento de la inflación y la disminución del
Producto Interno Bruto (PIB). Estos fenómenos acrecientan
el panorama de la inseguridad alimentaria, que según la FAO
está sigue siendo crítica, actualmente más de 300 millones
de personas enfrentan desafíos agudos para asegurar una
nutrición adecuada.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), en nuestro país más de 17 millones de personas no cuentan
con acceso a los alimentos básicos, 19.634.410 de personas (33,6
por ciento) padecen pobreza monetaria, mientras en centros
poblados y rurales dispersos la cifra aumenta al 45,9 por ciento.
El año anterior 33,20 por ciento de las familias colombianas se
vieron obligadas a gastar sus módicos ahorros para cubrir los
alimentos básicos, otros cubrieron estos gastos con créditos de
consumo, la mayoría recurrió a la reduflación [*] para no caer en
la marginalidad; según el DANE, el 43,4 de los hogares declararon
haber tenido dificultades para acceder a los alimentos en los
últimos seis meses del 2023.
El déficit alimentario obedece a la marcada pérdida de poder
adquisitivo per cápita que vienen experimentando las familias,
en 2023 este índice osciló en 34,9 por ciento; es decir, por cada
10.000 pesos de ingresos recibidos su capacidad de compra
decreció en 3.490 pesos. Acabar la inseguridad alimentaria implica
cambios trascendentales en el modelo económico y productivo
del país, que deben empezar por renegociar los TLC e invertir de
manera integral en la producción nacional, para poder solventar
el consumo interno y disminuir importaciones.
Reactivar nuestra economía tiene implícito una política
económica centrada en la formalización del empleo, una
tributación cargada sobre los grandes capitales, de orden
redistributivo y sin destinarla al Gasto Corriente (burocracia,
guerra, pago de intereses de Deuda Externa); solo de esta
manera es posible incrementar el capital liquido circulante
y frenar la caída abrupta de la demanda, que desacelera la
economía y desembocaría en una inevitable estanflación.