Omaira Sáchica
El acceso y la tenencia a las tierras productivas siempre ha
sido un punto neurálgico y central en los elementos que nutren
el actual conflicto social armado; por lo tanto, extranjerizar la
tierra es una ironía que atenta contra los intereses de todos
los colombianos.
En Colombia la tierra productiva abunda, el régimen
la monopoliza en un pequeño grupo de propietarios,
lo que amplía la desigualdad estructural; además, en
los últimos años, ha puesto en venta a empresarios
extranjeros las mejores tierras de la llamada altillanura de los
ríos del oriente del país que desembocan en el Orinoco; subasta
que aceleró el gobierno de J. M. Santos (2010-2018)
La monopolización y mal uso de la tierra
Según Oxfam, Colombia es el país de América Latina con mayor
concentración en la tenencia de tierra, el 1 por ciento de las fincas
de mayor tamaño tienen en su poder el 81 por ciento de la tierra
colombiana, el 80 por ciento de la tierra con uso agropecuario está
dedicado a la ganadería y solo el 20 por ciento a la agricultura; en
este mismo sentido el 91 por ciento de la tierra está concentrada
en el 1 por ciento de los propietarios.
Un primer problema son las superficies destinadas a los usos
forestales, de 48 millones de hectáreas que tienen esta vocación,
sólo 0,4 millones se encuentran en dicho uso. Igualmente, con
vocación para ganadería y agricultura existen 34 millones de
hectáreas y para ganadería, la mayoría extensiva, están destinadas
15 millones. En actividades agrícolas, actualmente sólo están en
uso 5,3 millones de hectáreas, de los 22 millones que tienen dicha
vocación.
El capitalismo mafioso que rige en el país determina las
políticas públicas sobre uso y comercio de la tierra. El
fenómeno de expansión de la ganadería extensiva coincide con
otras problemáticas como el robo de baldíos, la concentración
de tierras, el ocultamiento de latifundios improductivos, la
degradación ambiental, la deforestación, la especulación en
mercados de capital de tierras monopolizadas y el lavado de
dineros del narcotráfico.
La tierra es un bien común de todos los colombianos
Nuestro país pone en riesgo gran parte de sus tierras cultivables
y por ahí derecho arriesga la seguridad alimentaria y la soberanía
nacional; tal como lo plantea el Proyecto de Ley 149 de 2024, que
busca regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras en la
frontera agrícola por parte de extranjeros.
Se calcula que en el país, 1.047 millones de hectáreas están en
propiedad de empresas extranjeras, compradas por alrededor
de 30 transnacionales de Estados Unidos, Israel, Italia, España
y Chile, entre otros países; en contraste, los campesinos solo
han recibido 300.000 hectáreas de los 3 millones, que se les
deben titular según el compromiso del Acuerdo de Paz de 2016
[*].
Congresistas engordan comiendo tierra
Mayo 19. La Agencia Nacional de Tierras -ANT- dio a conocer
que va a recuperar un total de 6.000 hectáreas de la finca
Buenavista en el Vichada y que pertenecían a Nicolás Laserna
Valencia, primo de la senadora Paloma Valencia, y el congresista
del Centro Democrático Gustavo Londoño. La ANT encontró
inconsistencias en los documentos legales sobre estas tierras
que ahora son calificadas como tierras baldías, por lo que ahora
estarán dispuestas para el Estado y con ello a los campesinos de
la región.
Mayo 30. Senadores involucrados en investigaciones por
apropiación de tierras.
Del Partido Conservador: Marcos Daniel Pineda, con predios en
Cereté, Córdoba; Liliana Esther Bitar, involucrada en terrenos
de Ciénaga de Oro y San Carlos, Córdoba; Samy Merheg, con
propiedades en Vichada y Valle del Cauca.
Del Centro Democrático: Familiares de la senadora Paloma
Valencia, con terrenos en Vichada y Tolima.
Del Partido Liberal: Lidio García Turbay, vinculado a predios en
San Juan de Nepomuceno, Bolívar.
De la Cámara de Representantes también figuran en las
investigaciones: Carlos Cuenca Chaux, con tierras en Puerto
Carreño, Vichada (Cambio Radical); Luis Eduardo Díaz Mateus,
en Cerrito, Santander (Partido Conservador); y Ana Paola García
Soto, con predios en Buenavista, Córdoba (Partido de la U) [**].
El tráfico con las tierras inicia en manos corruptas de políticos
y burócratas de los partidos tradicionales, parte de las cuales
las revenden a oligopolios extranjeros, como al magnate Bill
Gates.
Es urgente cambiar el modelo
La inequidad en el acceso y tenencia de la tierra aunada a
la crisis de productividad que ha sufrido el sector agrícola
durante décadas, hace urgente una Reforma Agraria que no sólo
solucione el problema de la repartición de la tierra, sino que
brinde condiciones de vida digna a los campesinos, en especial
los campesinos con menor poder adquisitivo y capacidad técnica
e infraestructural.
Requerimos un modelo agrario y pecuario que dé prioridad
a la redistribución y que base este proceso en la producción
de alimentos con el fin de cubrir la demanda interna, y a
futuro generar un superávit que incremente los volúmenes de
productos agrícolas de exportación; desde luego esto implica
fomentar el desarrollo integral de la producción nacional, lo
que exige inversión en tecnificación, infraestructura y vías
secundarias y terciarias.
