EL TRICKLE DOWN ES VENENO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Chavela Villamil

Unos de los pilares del neoliberalismo es la implementación
del Trickle Down como matriz económica y derrotero para
el sistema fiscal y laboral; esta ideología solo favorece el
incremento de los oligopolios a la vez que decrece el poder
adquisitivo per cápita.

El modelo económico imperante se centra en la generación de
plusvalía para incrementar las utilidades por la comercialización
de productos, y a su vez concentra estos dividendos en un grupo
plutocrático minoritario; del mismo modo desliga obligaciones
estatales a través de la enajenación de activos para disminuir el
compromiso fiscal de este, y consolidar el monopolio financiero, de
servicio y productivo en el mismo grupo oligopólico; este modelo
genera un déficit general de recursos que exacerba la desigualdad,
la pobreza monetaria y multidimensional, a la vez que decrece el
poder adquisitivo per cápita.

Un modelo centrado exclusivamente en la acumulación oligopólica
va en total contravía del deber ser de la economía, que tiene como
objetivo central satisfacer las necesidades básicas de la población,
reduciendo al mínimo la brecha de desigualdad y la línea de pobreza
moderada y extrema, además busca que el sistema fiscal y tributario
tenga un enfoque redistributivo; desde luego, este paradigma
económico no es más que una utopía que cada día se diluye en una
economía de libre mercado, donde el fin último es la acumulación
desmedida de capital.

La falacia del Trickle Down

El Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), es una ideología
económica neoliberal que plantea que el crecimiento y favorecimiento
tributario de las grandes empresas y emporios, supuestamente es
beneficioso para la economía nacional, porque permite crear nuevas
plazas laborales. El TDE falazmente plantea que “la productividad y el
desarrollo” de una economía se dinamiza si se provee favorecimiento
fiscal y tributario de las grandes empresas, bajo el supuesto de que
si estas empresas aumentan su riqueza, esta supuestamente “se
derramaría por goteo hacia las capas medias y bajas de la sociedad”.

Los más recientes informes del Instituto Roosevelt afirman que
la tributación de las personas jurídicas y en especial las grandes
superficies, es clave para crear una economía fuerte y mejorar el
bienestar de la sociedad en su conjunto, sin embargo, esto contrasta
con la mayoría de modelos económicos que durante décadas han
socavado este precepto y se han centrado en la reducción fiscal y
tributaria de este tipo de empresas.

Los citados informes sostienen que, “erróneamente, la política
fiscal corporativa desde Reagan, ha sido impulsada por la narrativa
económica de que recortar los impuestos a los ‘creadores de
empleo’ beneficiará a los contribuyentes menos ricos» [1];

por suparte la Doctora en Economía Tributaria Emily DiVito afirma que,
“los recortes regresivos del impuesto de sociedades no aumentan
significativamente los ingresos de las familias trabajadoras, pero
sí reducen la capacidad del gobierno para financiar los ingresos
familiares y el apoyo a los cuidados; además, una política fiscal
corporativa sólida es vital para todos los aspectos de una economía
próspera, no reinventar un uso más ambicioso e integral de la política
fiscal corporativa nos impide lograr una economía y una sociedad
más equitativas, sostenibles y democráticas para todos» [2].

La solución es cambiar los paradigmas económicos
Los países que por décadas han aplicado el TDE en su economía
no han logrado minimizar la brecha de desigualdad social, ni han
incrementado el poder adquisitivo per cápita; por el contrario,
a medida que los dividendos del capital privado se incrementan
los ricos se vuelven más ricos, se pauperiza el sector asalariado y
crece el empleo informal, lo cual aumenta la brecha de pobreza y
desigualdad.

Keynes sostiene que “la crisis económica no existe debido a la escasez
de recursos, sino por la escasez de demanda, que provoca que no se
consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad
de bienes que dé trabajo a todos”; por lo tanto, la dinamización de la
economía depende del fortalecimiento del poder adquisitivo de las
personas y no de las rentas de las mega empresas.

Salir de la crisis económica y laboral tienen implícitos cambios
estructurales y radicales en los paradigmas económico, financiero,
fiscal y tributario; por lo tanto, se hace necesario e inaplazable
un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva un
tributación que abandone la recaudación por volumen y se centre en
la recaudación por capacidad de capital, -entre más dinero y capital,
mayor tributación-, además, se debe disminuir el gasto corriente y
los excedentes netos invertirlos en la atención del déficit de gasto
social (Deuda Social), a la vez que se implementa una política que
formalice el empleo y genere solidez laboral e incremente el poder
adquisitivo per cápita.