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Comando Central (ELN)
El 9 de abril de 1948 la oligarquía asesinó a Jorge
Eliécer Gaitán, para impedir que liderara los cambios
democráticos. Ahora, 76 años después, la oligarquía
impide las reformas que son un compromiso ante el
pueblo, del Gobierno del Presidente Gustavo Petro

En 1948 las transformaciones fueron truncadas con el magnicidio
y luego a sangre y fuego, y cuando el pueblo en resistencia se
convirtió en peligro para la oligarquía, lo sofocó mediante un
plan de pacificación que le abrió las puertas a un pacto entre los
oligarcas liberales y conservadores, llamado Frente Nacional; el tal
Frente a nombre de “la paz y la ley”, le cerró la vía a la voz de pueblo
en las instituciones y a la reforma agraria, además de continuar la
persecución contra el movimiento campesino y popular.

A causa de la exclusión política y la persecución realizada por el Frente
Nacional contra los trabajadores, los campesinos y los estudiantes
y producto de sus luchas surgió la rebelión armada en 1964; la cual
en el transcurso de 25 años y en medio de combates, paros, huelgas
y movilizaciones para 1990, llegó a ser un formidable movimiento
insurgente y popular.

La fuerza popular fue diezmada entre 1984 y 1992 mediante la
acción sicarial ordenada y organizada desde los batallones militares
y ejecutada grupos de las mafias del narcotráfico.
En 1990 la oligarquía ante la crisis política del establecimiento y para
colocar al país en función del denominado Consenso de Washington,
realizó en cabeza del presidente Cesar Gaviria (1990-1994), una
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que instalaron en diciembre.

En junio de 1990 el M-19 había acordado su desmovilización, de ahí que
en la ANC surge su continuidad llamándose Alianza Democrática, cuya
bancada fue de cerca del 30 por ciento de delegados, contribuyendo
a que la Constitución de 1991 sea garantista de derechos, pero solo
en su parte declarativa, con la excepción de los derechos de los
pueblos étnicos, plasmados producto de largos años de lucha.

Las 3 fuerzas determinantes de la ANC (Partido liberal, Conservador
y AD), acordaron dejar en manos del presidente Gaviria las reformas
económicas y de política social y laboral; igualmente no fue objeto de
discusión las Fuerzas Militares. De la política exterior la Constitución
solo prohibió la extradición de nacionales, que en 1997 fue restituida.

A partir de 1991 y bajo la nueva Constitución se afianzó lo que el
régimen oligárquico llamó reforma estructural, realizada hasta
2018, con lo que desmontaron el aparato productivo industrial y
agropecuario, privatizaron la salud, la educación y de las empresas
públicas, así mismo cercenaron los derechos laborales y de
seguridad social conquistados durante el siglo XX, e impusieron la
maldita Locomotora Minera, que continúa desplazando, despojando
y destruyendo las comunidades y la Madre Tierra en todo el país.

Con el fin de derrotar estratégicamente a la insurgencia y bajo el
pretexto de la fracasada Guerra Contra las Drogas, impuesta por
la plutocracia que domina a los Estados Unidos, desarrollaron el
Plan Colombia (2000-2016), logrando con ella la desmovilización

y desarme de las Farc, mediante unos acuerdos que no tocaron
las políticas impuestas por el viejo régimen. Según un veterano
investigador del Cinep, por tales acuerdos las Farc abandonaron la
lucha de resistencia armada, a cambio de que el Estado cumpla la
Constitución.

Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), se consolidaron
las mafias en la dirección del aparato judicial y en el Congreso. El
gobierno incrementó la carga tributaria a los trabajadores y la clase
media, recortó la inversión social en medio de la pandemia, que
sumado a la inconformidad causada por la marginación del estudio
y del trabajo de millones de jóvenes, y por el trato de guerra dado
a las protestas de 2019, la furia popular desembocó en el Estallido
Social del 2021.

Las reivindicaciones exigidas por el pueblo pasaron a ser mandato
de transformaciones, que en buena parte las recogió el Programa de
gobierno del Pacto Histórico, con el cual Gustavo Petro fue elegido
presidente de la República, para el periodo 2022-2026.

La oligarquía y sus partidos han cerrado filas en el Congreso,
en las Cortes y en sus medios de propaganda, en contra de las
transformaciones básicas, como acontece con la Reforma Agraria
que va a cuenta gotas, y con las miniaturizadas reformas a la salud,
pensional y laboral, que ni así de reducidas las dejan pasar.

En amplios territorios urbanos y rurales continúa expandiéndose
y ejerciendo su dominio el narcoparamilitarismo de la mano de
sectores políticos, empresariales y militares, dándole continuidad al
despojo y el destierro, matanza que se constituye en un Genocidio
Continuado, sin que el gobierno lo detenga. Todo parece indicar que
otra vez están cerradas las vías legales para la democratización de Colombia.