Chavela Villamil

El Gobierno carece de una estrategia de austeridad que
contribuya a solventar la actual crisis económica; por el
contrario, a nivel estatal persiste el incremento constante
del Gasto Corriente, lo que incrementa el déficit fiscal y
pone en riesgo las vigencias futuras.

La economía global atraviesa una crisis producto del modelo
económico que concentra el capital en un grupo plutocrático
minoritario, lo que incrementa incesantemente la brecha de
desigualdad social; además los fenómenos macroeconómicos
globales de las últimas décadas han generado una recesión en
las grandes potencias, que afecta con mayor medida a los países
dependientes de las economías extranjeras, como es el caso de la
economía colombiana.

Es parte de la lógica fiscal que una economía prevea sus gastos, que
los egresos no superen los ingresos y que no se pierda la capacidad
de endeudamiento, bajo este precepto surge en Colombia una
política de endeudamiento que se denomina Regla Fiscal, que es
un instrumento legal e institucional del Estado, establecido en 2011
que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, para
que el límite de endeudamiento no supere el 71 por ciento del PIB,
actualmente este margen está en 61,2 por ciento.

Es inaplazable disminuir el Gasto Corriente

En términos macroeconómicos Colombia se ha desacelerado y su
crecimiento en 2023 tan solo fue de 0,6 por ciento, además en este
mismo periodo el poder adquisitivo per cápita decreció en 27,93
por ciento, lo que impacta el mercado interno al generar una caída
abrupta de la demanda, que pone en ‘Rojo’ la economía familiar
de las capas sociales medias y bajas, incrementando los índices de
desigualdad y pobreza monetaria y multidimensional.

La política financiera del Gobierno de Petro se ha concentrado
en incrementar el Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de
intereses de Deuda Externa -DE-) para ampliar la cobertura de
algunos programas de subsidios y crear más burocracia estatal,
como es el caso del Ministerio de la Igualdad; pero lo hace sin tener
en cuenta el momento financiero que atraviesa el país, en otras
palabras, aumenta considerablemente los pasivos en un momento
en que los activos decrecen hasta llegar a indicadores negativos.

La política de glosa [*] de pasivos incrementa el déficit fiscal y pone
en saldos rojos la regla fiscal de mediano plazo y sobre incrementa
la Deuda Externa (DE), que en enero de este año el gasto de DE tuvo
un incremento de 1.674 millones de dólares llevando este pasivo
a los 198.034 millones de dólares, que equivale al 54,1 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB), además el Presupuesto General
de este año destinó 20,41 por ciento al pago de la DE, desde luego
solo permite solventar el pago de intereses, pero la deuda de capital
se mantiene intacta y con tendencia al incremento; convirtiendo
este pasivo y su manejo en una pesada carga que asfixia el PIB e
incrementa el déficit de Gasto Corriente tornando insolvente el
erario.

La solución no es pagar la deuda con otra deuda

Desde el punto de vista fiscal una de las alternativas que ha planteado
el Gobierno es mover la Regla Fiscal -margen de endeudamiento
del Estado, que actualmente está fijada 71 por ciento del PIB y en
este momento asciende a 62,3 por ciento-; el Comité Autónomo de
la Regla Fiscal (CARF) sostiene que los incrementos presupuestales
hechos por el Gobierno al año anterior y en lo corrido de este año,
llevó a que la carga de interés creciera en 25,9 billones de pesos,
tornando insostenible las finanzas del Estado de persistir en un
esquema de gastos, donde se incrementan los pasivos mientras
decrecen los activos.

Desde el punto de vista fiscal y financiero es completamente
inadecuado mover los límites de la Regla Fiscal, mucho más si se
tiene en cuenta que el capital resultante no se invertiría en proyectos
redituables sino sería inyectado al Gasto Corriente. El problema de
nuestra economía más allá de ser financiero es de tipo económico,
es decir, que en un periodo de recesión en vez de decrementar el
Gasto Corriente, las políticas económicas apuntan a incrementar los
pasivos sin modificar la prioridad del gasto, en otras palabras, pagar
una deuda con otra deuda.

Lo sensato a nivel financiero es que el Gobierno decrete un periodo
de austeridad realmente severo acorde con el momento financiero
por el que atravesamos, desde luego esto implica suprimir gastos
onerosos e innecesarios, disminuir el Gasto Corriente, dándole gran
importancia a romper la lógica antifinanciera de priorizar el pago de
la DE que consume más de 50 por ciento del PIB y una quinta parte
del Presupuesto General del próximo año, y lo peor es que estos
pagos solo amortizan los intereses pero no se cubre la deuda de
capital.

Además de decrecer los gastos estatales, salir de la Recesión Técnica
y reactivar nuestra economía implica una política que genere nuevas
plazas laborales y a su vez formalice el subempleo, en suma, una
política económica integral que repotencie la producción nacional
para suplir el mercado interno.