Comando Central (COC E)
El asesinato de líderes y lideresas populares en Colombia
a manos de los paramilitares en connivencia con
las Fuerzas Militares y de Policía, aplica la Doctrina
de Seguridad del régimen, para perseguir a quienes
promueven la equidad y una sociedad más justa.
Tal persecución y eliminación de quienes buscan cambios
democráticos, continúa en un Gobierno progresista que tiene
como lema ‘Colombia potencia de la vida’. Estos crímenes
enlutan a miles de familias, destruyen el tejido social y debilitan
los procesos organizativos autónomos de las comunidades urbanas
y rurales, incrementando de esa manera los desplazamientos,
despojos y la situación de miseria.
Perseguir y matar el liderazgo social son ataques a los propósitos
de construir una democracia plena y a los espacios de participación
de la sociedad en la construcción de la paz. Caso a resaltar es el
reciente asesinato del líder de las comunidades agromineras del
Sur de Bolívar, Narciso Beleño, quien promovía la participación de
la sociedad en la construcción de la paz, en el marco de la Agenda
de México de los diálogos del Gobierno Nacional con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Este líder de los mineros artesanales, en
un encuentro del Comité Nacional de la Participación denunció la
avanzada paramilitar que luego lo asesinó.
Los crímenes a líderes sociales no son investigados por ninguna
entidad del Estado, nunca capturan a los responsables materiales
ni intelectuales; apenas aparecen como una cifra fría en algunos
periódicos y en las estadísticas de organizaciones defensoras de
Derechos Humanos.
La imposición de la continuidad de los planes de explotación acelerada
de bienes naturales como el oro, choca con las comunidades que
defienden la vida y el territorio, en que la estrategia de las grandes
empresas recurre a una tenaza cuyo brazo ilegal son las operaciones
paramilitares de las mafias y las acciones encubiertas de militares; a
las que se suma el brazo legal que garantiza la impunidad, en donde la
Fiscalía y demás entidades del Estado se hacen los de ´la vista gorda’;
a quienes se agregan múltiples voces del viejo régimen que difunden
un relato negacionista, que justifica el Genocidio en curso afirmando
que “el paramilitarismo no existe”; operación de desinformación
adelantada por las fuerzas políticas más reaccionarias, algunos
sectores llamados progresistas y hasta miembros del alto Gobierno.
Varias lideresas y lideres sociales antes de ser asesinados
denunciaron las amenazas que recibieron, entonces la pregunta
es, ¿por qué el Estado y el gobierno no evitan su muerte? Hoy en
Colombia, denunciar una amenaza se ha convertido en una pre-
muerte, configurando un eterno ciclo de crónicas de muertes
anunciadas. Los que inducen a la opinión a descalificar al liderazgo
popular, han logrado naturalizar su arma de calumnias dentro de la
sociedad, ¿por qué no son investigados los periodistas y medios de
comunicación que estigmatizan a los movimientos sociales y a sus
dirigentes, quienes luego son asesinados?
¿Implementará el gobierno una política de defensa de la vida de los
líderes sociales en el país? ¿Cuándo se concretarán las garantías para
que los liderazgos populares no sean estigmatizados, amenazados
y asesinados?, o por el contrario, ¿seguirán funcionando en las
Fuerzas Militares y de policía los manuales traídos por el General
norteamericano, Yarborough en 1962, que le dieron forma y
desarrollo al paramilitarismo?
En los Gobiernos anteriores al de Petro, a los líderes sociales
los asesinaban en las protestas, cuando denunciaban casos de
corrupción, porque se oponían a los proyectos extractivistas y de
despojo, los asesinaban cuando aspiraban a corporaciones públicas,
los asesinaban solo porque pensaban diferente a la derecha
reaccionaria; hoy, en el llamado Gobierno del cambio que ayudaron a
elegir, los siguen asesinando; ¿qué democracia es esta, que tanto en
Gobiernos de derecha como de izquierda asesinan a líderes sociales
con absoluta impunidad?
El primer cambio que debe impulsar este Gobierno es que dejen de
perseguir a quienes luchan por cambios a favor de la mayoría de la
sociedad, es un imperativo moral que debe encarnar para colocar al
país en la ruta de la verdadera democracia y la paz.
