Omaira Sáchica

La crisis por escasez de agua en Bogotá y otras regiones,
obedece a un problema estructural que es superior al
fenómeno de el niño y está ligado al modelo económico
global y a las políticas impartidas por el régimen.

No es como lo anuncian los medios de comunicación en sus
titulares «La crisis hídrica de Bogotá: Solo nos puede salvar
el cielo” [1], tampoco es un fuerte fenómeno de El Niño lo
que ha provocado la escasez de agua, ni las medidas de
racionamiento son la solución a esta crisis que padecen las y los
bogotanos, son falacias para desviar la atención de las verdaderas
causas que han originado la actual crisis por el agua.

El abastecimiento de agua potable en Bogotá y municipios aledaños
proviene de tres sistemas con 8 embalses en total; sistema norte,
compuesto por los embalses Tominé y Neusa, suministra el 25 por
ciento; sistema Chingaza, compuesto por los embalses de Chuza
y San Rafael, suministra el 70 por ciento; sistema sur, compuesto
por Tunjo, Chisacá y La Regadera, suministra el 5 por ciento [2]. De
acuerdo con la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, a finales del año pasado el nivel del sistema Chingaza
estaba en el 42 por ciento y a mediados de abril de este año bajo
hasta el 15,28 por ciento, llegando al punto más bajo en 40 años,
situación “crítica” que sobrepasó los pronósticos y obligó a tomar
medidas urgentes.

Los negocios por encima del impacto ambiental
Un embalse artificial y/o represa es un cuerpo de agua estancado
resultado de la ubicación de una pared de concreto sobre un río que
impide el curso normal de su agua, es utilizado como reservorio para
el abastecimiento de agua y/o la producción de energía eléctrica.

Las represas traen impactos ambientales y sociales, el encajonamiento
de sedimentos, erosión de las orillas, alteración del nivel freático,
modifican por completo la dinámica y funcionamiento natural de
un río, aguas arriba y abajo de la presa. Dichos impactos han sido
denunciados por los habitantes de La Calera, uno de los municipios
en los que se encuentra el Parque Nacional Natural Chingaza,
la construcción del embalse San Rafael generó desplazamiento
de familias campesinas, el descenso del nivel freático se tradujo
en menos agua disponible para el desarrollo de sus actividades
cotidianas, y en el pasado importantes inundaciones sobre el río

Teusacá, que atraviesa el municipio, debido a las descargas para
superar las elevaciones en el nivel del embalse. Así mismo, se
pronuncian las comunidades de la Orinoquía por la construcción del
proyecto Chingaza I, que extrae de sus cuencas hídricas 14 metros de
agua por segundo, dejando una cantidad mínima en el caudal del río
Guatiquía, anteriormente navegable y uno de los más importantes
para Villavicencio [3].

Académicos e intelectuales ponen en el debate público el concepto de
“seguridad hídrica” definido como el “acceso sostenible a cantidades
adecuadas de agua”, sin embargo, “es necesario cuestionar en
cuántas manos está distribuida el agua, si esto es justo o no, y quiénes
son los excluidos de este sistema” [4], porque detrás de conceptos
como el de la “seguridad hídrica” existen intereses del sector privado
en el control del agua, que puede significar la garantía de un acceso
mínimo para algunos, al tiempo que el acaparamiento de grandes
cantidades para otros.

El Índice Gini de concentración de agua en Colombia es del 0,9,
mientras más cerca de 1, más desigualdad existe en la distribución,
es decir, hay concentración de este bien común en pocas manos.
El sector agrícola usa el 43,07 por ciento de la demanda hídrica
nacional, seguida por la industria hidroeléctrica, los pastos de corte
para ganadería, la palma de aceite y la caña de azúcar, emplean más
de la tercera parte en el sector agrícola y los mayores concesionarios
del país son los ingenios azucareros, seguidos por el sector de
hidrocarburos [5].

En la medida en que el mercado mundial es el destino de los productos
agroindustriales, cuya elaboración requiere gran cantidad de agua,
su exportación implica exportaciones indirectas de agua. Esto
evidencia que el acaparamiento del agua en Colombia está asociada
a la concentración de la tierra, por tanto, no existe seguridad, ni
habrá justicia hídrica mientras se privilegie el mercado que llena el
bolsillo de unos pocos por encima de garantizar los derechos a las
mayorías.

Si de una medida paliativa se tratase, ante una crisis de agua como
la actual, tiene sentido que los racionamientos no recaigan en el
sector doméstico, sino que se concentren en los sectores que tienen
un mayor consumo del líquido, no como disfrazan actualmente las
campañas que invitan a cambios en el comportamiento a través de
lemas como “cada gota cuenta” y “seamos solidarios con Bogotá”, ni
como dicen los funcionarios ”duchas cortas, de máximo tres minutos”
o “cobros adicionales en la factura para los hogares que usen más
del doble del consumo básico de agua”, nada de eso resuelve el
problema a largo plazo, el cambio climático traerá consigo nuevas y
más fuertes sequías que nos mantendrán en crisis.

Cambiar el paradigma hídrico y ambiental
La cuestión de fondo, la pone en evidencia la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua realizada en Nueva York, al señalar
que, “existe una crisis mundial del agua sin precedentes y uno
de los factores que la han producido es el modelo de gestión del
agua como mercancía que ha permitido la apropiación privada” [6].
Como ELN estamos de acuerdo con lo planteado por D. Martínez,
“es necesario avanzar en una discusión abierta y democrática sobre
el agua, en donde los argumentos y los derechos de los pueblos
puedan primar sobre los intereses particulares” [7], por eso en los
distintos escenarios hemos propuesto un Gran Acuerdo Nacional
que de apertura a discutir todos los temas esenciales para la vida de
las comunidades en el país.

Solo un cambio de paradigma, un nuevo modelo económico que
priorice una relación armónica con la naturaleza podrá salvarnos de
esta crisis planetaria, porque el agua es el sustento de la vida, no
se trata de una crisis cualquiera, sino una civilizatoria que puede
poner fin a la humanidad, entonces lo que nos tiene en crisis por el
agua en Bogotá, no es la falta de lluvia, lo que está de fondo es un
modelo inadecuado para el abastecimiento, una pésima planificación
y ordenamiento de los territorios y un desastroso modelo de
«desarrollo» económico y político. No podemos esperar que ‘el
cielo nos salve’, debemos apelar a nuestra capacidad de raciocinio
como especie Homo Sapiens, hay mucho por hacer, mucho que
transformar.