NO HAY VOLUNTAD PARA APLICAR UNA POLÍTICA DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Chavela Villamil

Aunque hubo cambio de Gobierno continua la misma
política económica, que se basa en el incremento del
Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de
Deuda Externa) y de la Deuda Externa; además a nivel
estatal no existe una política de austeridad del gasto.

La economía global atraviesa una crisis producto del modelo
económico que concentra el capital en un grupo plutocrático
minoritario, lo que incrementa incesantemente la brecha de
desigualdad social; además los fenómenos macroeconómicos
globales de las últimas décadas han generado una recesión en
las grandes potencias, que afecta con mayor medida a los países
dependientes de las economías extranjeras, como es el caso de la
economía colombiana. Además, el PIB nacional es el más bajo de
las últimas dos décadas, el año anterior cerró en 0,6 por ciento y
según las proyecciones económicas del Banco Central este año este
indicador superará el 1,6 por ciento.

Es parte de la lógica fiscal que una economía prevea sus gastos, que
los egresos no superen los ingresos y que no se pierda la capacidad
de endeudamiento, bajo este precepto surge en Colombia una
política de endeudamiento que se denomina Regla Fiscal, que es
un instrumento legal e institucional del Estado, establecido en 2011
que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, para
que el límite de endeudamiento no supere el 71 por ciento del PIB,
al cierre del primer trimestre de este año este margen llegó al 65,3
por ciento, muy cerca de la línea de riesgo fiscal; un margen de esta
magnitud pone en riesgo al sostenibilidad del erario y la vigencias
futuras.

El Gobierno insiste en modificar el cupo de endeudamiento,
recientemente el Ministro de Hacienda afirmó, “estamos construyendo
un proyecto para flexibilizar la Regla Fiscal, dadas las inflexibilidades
que hoy tiene. Es darle flexibilidad a la actual regla fiscal, ya que una
cosa es tener una regla fiscal con un país que crece al 3,4 por ciento
y, otra es una regla fiscal en un país que creció el año pasado al sólo
0.6 por ciento″ [1]. Por su parte, José Antonio Ocampo Exministro
de Hacienda sostiene que, “la regla fiscal es esencial para el país,
teniendo cuenta en particular los altos niveles de endeudamiento
del Gobierno y la baja productividad de los últimos periodos;
además, el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios da un
margen importante para aumentar la inversión pública y contribuir
a la reactivación de la economía. El anuncio de su modificación es
negativo: genera desconfianza en el manejo económico del país” [2].

Es inaplazable disminuir el Gasto Corriente
En términos macroeconómicos Colombia se ha desacelerado y su
crecimiento en 2023 tan solo fue de 0,6 por ciento, además en este
mismo periodo el poder adquisitivo per cápita decreció en 27,93
por ciento, lo que impacta el mercado interno al generar una caída
abrupta de la demanda, que pone en ‘Rojo’ la economía familiar
de las capas sociales medias y bajas, incrementando los índices de
desigualdad y pobreza monetaria y multidimensional.

La política financiera del Gobierno de Petro se ha concentrado en
incrementar el Gasto Corriente para ampliar la cobertura de algunos
programas de subsidios y crear más burocracia estatal; pero lo hace
sin tener en cuenta el momento financiero que atraviesa el país,
en otras palabras, aumenta considerablemente los pasivos en un
momento en que los activos decrecen hasta llegar a indicadores
negativos.

La política de glosa (pagar deuda adquiriendo más deuda) de pasivos
incrementa el déficit fiscal y pone en saldos rojos la regla fiscal
de mediano plazo y sobre incrementa la Deuda Externa (DE), que
en enero de este año el gasto de DE tuvo un incremento de 1.674
millones de dólares llevando este pasivo a los 198.034 millones de
dólares, que equivale al 54,1 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), además el Presupuesto General de este año destinó 20,41 por
ciento al pago de la DE, desde luego solo permite solventar el pago
de intereses, pero la deuda de capital se mantiene intacta y con
tendencia al incremento; convirtiendo este pasivo y su manejo en
una pesada carga que asfixia el PIB e incrementa el déficit de Gasto
Corriente tornando insolvente el erario.

No es funcional cubrir un pasivo con otro pasivo
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sostiene que los
incrementos presupuestales hechos por el Gobierno al año anterior
y en lo corrido de este año, llevó a que la carga de interés creciera en
31,9 billones de pesos, tornando insostenible las finanzas del Estado

de persistir en un esquema de gastos, donde se incrementan los
pasivos mientras decrecen los activos. Desde el punto de vista fiscal
y financiero es completamente inadecuado mover los límites de la
Regla Fiscal, mucho más si se tiene en cuenta que el capital resultante
no se invertiría en proyectos redituables sino sería inyectado al Gasto
Corriente.

En un periodo de recesión como el actual en vez de decrementar el
Gasto Corriente, las políticas económicas apuntan a incrementar los
pasivos sin modificar la prioridad del gasto, desde todo punto de
vista es algo inconveniente y riesgoso para las finanzas estatales;
lo sensato a nivel financiero es que el Gobierno decrete un periodo
de austeridad realmente severo acorde con el momento financiero
por el que atravesamos, desde luego esto implica suprimir gastos
onerosos e innecesarios, disminuir el Gasto Corriente, dándole gran
importancia a romper la lógica antifinanciera de priorizar el pago de
la DE que consume más de 50 por ciento del PIB y estos pagos solo
amortizan los intereses.

Además de decrecer los gastos estatales, salir de la Recesión Técnica
y reactivar nuestra economía implica una política que genere nuevas
plazas laborales y a su vez formalice el subempleo, y que incremente
el poder adquisitivo per cápita, en suma, una política económica
integral que repotencie la producción nacional para suplir el mercado
interno.