Chavela Villamil
Los niveles de los embalses que alimentan las
hidroeléctricas regresaron a su media estándar y el
Gobierno realizó acuerdos con las empresas generadoras
para bajar el costo de la energía eléctrica; sin embargo,
este servicio esencial sigue incrementando su costo,
¿por qué?
El modelo económico imperante está fundado en la acumulación
de capital para un grupo plutocrático reducido y a su vez el
neoliberalismo plantea que la enajenación de activos estatales
es favorable para la productividad, bajo la falacia de que se
disminuirían gastos estatales y se mejorarían los servicios prestados;
bajo este sofisma sucesivos gobiernos desmontaron la estatalización
de energía eléctrica y se la entregaron a empresas de orden privado,
dando lugar a que este servicio esencial entre en la lógica de libre
mercado, en otra palabras, la energía eléctrica dejo de ser un derecho
y un bien esencial para convertirse en un lucrativo negocio.
Paradojas inexplicables
Los grandes afluentes hídricos existentes en nuestro país han
permitido un gran desarrollo de la energía hidroeléctrica, que a
su vez ha convertido a Colombia en un productor de energía, que
abastece parcialmente su mercado interno, toda vez que el 18,5
por ciento de la población se encuentra en pobreza energética -sin
acceso a este servicio esencial-; además resulta paradójico que un
país productor de energía tenga elevados costos en el servicio de la
energía eléctrica, lo cual en los últimos años se ha convertido en una
de las principales causas del incremento del costo de vida.
En la década del sesenta del siglo anterior todos los sistemas
eléctricos se integraron para dar paso al Sistema Interconectado
Nacional (SIN), en este modelo las centrales de generación no
atienden la demanda de energía del municipio o región donde están
ubicadas, sino que se almacenan de manera integrada y atienden la
demanda interna nacional.
El SIN está integrada por más de 30 compañías públicas y privadas
de generación, transmisión y distribución de energía, junto con 209
plantas de generación y 26.333 kilómetros de redes de energía;
actualmente el SIN es operado por la empresa XN filial de ISA. El
SIN es administrado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(Creg), que es una unidad administrativa autónoma sin personería
jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como
función regular la distribución equitativa, masiva y al menor costo
posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros;
sin embargo, la Creg no tiene la facultad de fijar el precio
básico del kilovatio hora (KWh), este es determinado por las empresas
generadoras que establecen su valor por los estándares comerciales
internacionales -valor cambiario en Bolsa de los combustibles-.
Además, del valor en bolsa, el costo final del KWh debe indexar los
costos de transmisión, distribución y comercialización, su sumatoria
determina el valor bruto del KWh; además como la energía eléctrica
se rige por el libre mercado su costo está inferido por el Índice de
Precios al Productor (IPP).
La culpa es del neoliberalismo
La privatización de las empresas del sector eléctrico ha conllevado a
que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos,
que muchas personas no pueden pagar, esto sumado a la falta de
redes eléctricas en regiones apartadas, ha llevado a que 9,6 millones
de colombianos se encuentren en pobreza energética, y que regiones
como la Caribe tengan un servicio deficiente y con los costos más
elevados del país. El problema de fondo es que implementamos
un modelo económico neoliberal que dio cabida a que los servicios
públicos fueran de orden privado, dejando estos bajo la lógica
capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos va más allá de
extender o incrementar los subsidios otorgados por el Estado, en
primera medida debe otorgarle la fijación de tarifas al Estado y en
el largo plazo retornarle el monopolio de estos servicios esenciales
al Estado; desde luego, estos cambios necesarios implican un nuevo
paradigma económico que vaya en función del deber ser de la
economía, que es el bienestar y beneficio de la población, esto sin
duda generaría avances en la atención del déficit de gasto social
e implicaría una ruptura con los organismos multilaterales y con
la plutocracia local y global, por ende esto suscita una pregunta
obligada, ¿está dispuesto el Gobierno a romper la lógica neoliberal y
generar una economía de orden social?
