Sergio Torres
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) colombiana
nuevamente está en el ojo de la polémica, por las andanzas
de su prófugo Exdirector, Carlos Ramón González, y por
colocarse al servicio de la alianza entre del Gobierno Petro y
la banda narcotraficante frente 33.
Sobre Carlos Ramón González ya se conocen sus pasos
en la política colombiana, por la “virtud” de convertir
los escenarios institucionales en lucrativas empresas
personales, según dicen en las bases del Partido
Alianza Verde, posee un patrimonio de 10 mil millones de
pesos. Disuelto el M19, González continuó en la política en
la Alianza Democrática M19 (AD-M19), partido del que fue
su Representante legal. En 2005 fue el fundador del Partido
Alianza Verde, empresa electoral de la que ha sido dueño
desde ese entonces.
Capo de los torcidos
Ya en el gobierno de Petro, Carlos Ramón fue directamente
nombrado Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia (Dapre), y tiempo después pasó a ser jefe de
la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora, se dice que
se refugia en el exterior, desde donde Gónzalez elude la
imputación de cargos en su contra, por ordenar el pago de
sobornos a congresistas de varios partidos tradicionales,
para que aprobaran las reformas del gobierno dentro del
escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Como preparándose para la huida, acaba de renunciar al
Partido Alianza Verde con una carta dirigida a Rodrigo
Romero Hernández, copresidente de dicha colectividad, en
ella escribe: “Hoy, después de muchos años creo conveniente
presentar mi renuncia como militante del partido. Esto con
el interés profundo de no colocar en duda la esperanza, la
continuidad, la transparencia y los esfuerzos del Partido,
en la construcción de una Colombia justa, libre y en paz”.
Sobre esta renuncia, cabe recordar que González está citado
por la Fiscalía para imposición de medida de aseguramiento,
a partir del 6 de junio. Por su parte, el partido del que ha sido
dueño, es de lo menos transparente de la política colombiana
y se convirtió en una empresa electoral que vende avales y
carga dentro de sí politiqueros de toda clase.
DNI al servicio del capitalismo mafioso
Otro botón de muestra del accionar de la DNI, fue conocido
durante las últimas semanas, cunado realizó la extracción,
refugio y protección a cabecillas de la banda narcoparamilitar
Exfarc, frente 33.
Cuando iniciaron las acciones contra esta banda en el
Catatumbo, el ELN denunció e hizo pública la alianza y
sociedad que tenían el gobierno de Petro y esta banda, que
se evidenció en que sus cabecillas fueron evacuados en
helicópteros del Ejército estatal, protegidos en guarniciones
militares y en hoteles de Bogotá. La ira emanada por el
presidente Petro fue justamente porque el ELN desnudó
estas alianzas y la política de reciclaje de paramilitarismo,
disfrazada tras su política de Paz Total.
Estas denuncias del ELN fueron desestimadas por las
empresas de comunicación corporativas, los medios oficiales
del gobierno y el propio Petro. Sin embargo, 4 meses después,
es la propia Corte Suprema de Justicia la que investiga y
pone en conocimiento público las acciones que prueban la
alianza del gobierno con esa banda, concretamente el caso
de alias mocho Olmedo.
Una vez extraído del Catatumbo por el Ejército estatal, Olmedo
estuvo protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia
(DNI) en Bogotá, con todo y que esta entidad no tiene esas
facultades, además no notificaron a los organismos judiciales,
ocultamiento agravado por la decisión de extradición que
recae sobre este personaje.
Como también lo señaló el ELN, personajes como Olmedo,
después de ser extraídos y resguardados, volvieron al
Catatumbo, bajo protección del Ejército para intentar
agruparse y contrarrestar las acciones del ELN. Esto coincide
con la llegada de miles de soldados al Catatumbo, en clara
alianza denunciada hasta por organismos de DDHH, como
Human Rigths Wacth.
Desinfle de la Paz Total
Así las cosas, la supuesta voluntad de paz del gobierno Petro
está bastante cuestionada. El compromiso con la construcción
de la paz es solo un discurso, en la práctica las acciones siguen
estando en función de la guerra y orientadas desde EEUU. La
política de paz de este gobierno cada vez más evidencia su
similitud a la de los gobiernos anteriores, incluso algunos de
ellos tuvieron mayores disimulos en la forma de impulsar
el paramilitarismo y la continuidad de la guerra contra el
pueblo colombiano. La buena noticia es que todos ellos, como
este, fracasaron.
