Blanca Moncaleano
El plan de guerra contra el pueblo clasificado como Enemigo
Interno, tiene continuidad bajo el gobierno de Petro, quien
legaliza y recicla las bandas con desmovilizados, mientras
niega que en Colombia no existe un conflicto político, social
y armado.
Las elecciones del 2018 fueron una puja entre la
ultraderecha en cabeza de Iván Duque y sectores
progresistas en busca del cambio en Colombia liderados
por Gustavo Petro. En aquella ocasión la ultraderecha
se impuso ganando con maquinaria y clientelismo electoral.
La presente ofensiva recrudecida en 2018
El gobierno de Duque (2018-2022) estuvo marcado por la
corrupción, la venta de lo público y la violación sistemática de los
derechos humanos. Impulsó un plan militar de gran envergadura,
fue durante su período de gobierno que se fortalecieron
estructuras armadas narcotraficantes, como las disidencias de
las FARC y el Clan del Golfo, que junto con las Fuerzas Militares
del Estado iniciaron una ofensiva contra el ELN.
El impulso del neoliberalismo más crudo, trajo consigo un período
de lucha y resistencia popular en las calles. El paro del 2019,
el levantamiento popular del 2020 contra la brutalidad policial
en plena pandemia y posteriormente el Estallido Social del
2021. Un pueblo cansado del burdo saqueo corrupto de la política
tradicional, cansado del militarismo y la brutalidad policial, un
pueblo que se levantó para exigir transformaciones.
Además de la represión policial y estatal judicial que sufrieron
quienes se manifestaron, las estructuras paramilitares que
se fortalecieron de la mano del gobierno atacaron a quienes
protestaron, e incluso algunos sectores de ultraderecha fueron
avalados por la Fiscalía General, como fue el caso del actual
concejal de Cali Andrés Escobar.
Petro llega, la guerra contrainsurgente continúa
En el 2022, la ultraderecha no tuvo juego en las elecciones, Gustavo
Petro ganó de la mano de las expresiones del pueblo colombiano
que pedían un cambio del país. Sin embargo, desde su campaña
fue evidente que estaba priorizando alianzas con sectores de la
derecha, según dijo, en búsqueda de un gran acuerdo nacional
que le permitiera adelantar los primeros pasos de un proceso de
reformas.
Cumplidos tres años de su mandato, esas alianzas se hicieron más
visibles, Petro las siguió priorizando, aunque nunca funcionaron
para sacar adelante las reformas. Hoy cuando ya no hay ningún
resultado visible dice que la ultraderecha no lo dejó gobernar
y pide al pueblo marchar en su favor, sin frenar su alianza con
esos sectores de la derecha, que en nada le han ayudado a sacar
adelante las reformas que favorecen al pueblo colombiano, lo que
catapulta esas fuerzas derechistas que Petro intenta presentar
como una tercera vía para las elecciones del 2026.
Petro prometió solucionar el problema jurídico de los judicializados
por haber participado en el Estallido Social, sin embargo, hay
personas que fueron condenadas por terrorismo y otras que
siguen estando en procesos judiciales. Al final el gobierno no
brindó ninguna solución, para cesar la persecución política desde
los estrados judiciales.
Tampoco pudo frenar el genocidio en curso contra líderes
sociales y dirigentes populares, de hecho ha crecido el número
de personas asesinadas durante su gobierno. Esto último debido
a que las estructuras paramilitares narcotraficantes siguen
creciendo y fortaleciendo su poder territorial, por medio de
masacrar al pueblo.
Este gobierno recicla y legaliza bandas
En el inicio de su gobierno, Petro presentó la Paz Total como
una salida a la guerra perpetua que vive Colombia, una de las
exigencias del pueblo en el 2021. No obstante, la política de paz
total se convirtió en una política confusa en la que se prometieron
cambios al país, pero la realidad es que es una herramienta del
gobierno de Petro para continuar con la guerra contrainsurgente
guiada desde los EEUU.
La paz total ha dado reconocimiento político a las bandas
narcotraficantes del país, legalizando y apoyando de facto la guerra
subsidiada (proxy), que esas bandas vienen librando para asegurar
el control territorial a los intereses imperiales y oligarcas. Casos
emblemáticos el de la banda de H en Nariño y la banda del 33 en el
Catatumbo.
Mientras que les asegura estatus político a estas bandas y les ofrece
garantías para su accionar contrainsurgente en contra del pueblo,
Petro le quita el estatus político al ELN, guerrilla insurgente
histórica en Colombia, intentado presentar al ELN como el “enemigo
público número uno”, que debe someterse, desconociendo las causas
históricas que han llevado a que el ELN se levante en armas y su
vigencia en la realidad colombiana de hoy.
Con sus discursos ácidos en contra del ELN, Petro encabeza una
guerra de confusión mediática, en la que oculta la realidad de
su fracasado gobierno en relación con sus promesas de cambio,
tratando de tapar ante los sectores populares, que está alinderado
con los intereses oligarcas e imperiales, que siempre han tratado
de desconocer el conflicto político y social que atraviesa Colombia.
Sosteniendo en sus diversos discursos la vieja tesis de los gringos
y del ex presidente Uribe: en Colombia ya no existe conflicto
político y social interno, lo que hay es una guerra por el control de
economías ilícitas; falsedad que esconde la realidad de que son la
oligarquía y el imperio norteamericano los enemigos y agresores
del pueblo colombiano.
Tristemente, el gobierno de Petro pasará a la historia como
el elegido por un pueblo cansado de la opresión, que prefirió
aliarse con los gringos y la derecha, antes que vigorizar las
justas luchas del pueblo colombiano.
