Damaris Izaguirre

El asesinato de líderes sociales y populares ha sido una
constante del régimen que se ha perpetuado Gobierno
tras Gobierno, y desafortunadamente la sociedad ha
terminado naturalizándolo y “acostumbrándose” a que
protestar o pensar distinto cueste la vida.

La pobreza, la desigualdad y el usufructo del deber ser de la
democracia y la función pública dieron origen a un conflicto
social armado, al que los diversos Gobiernos sin distingo de
Partido, ideología o vertiente política, se han enfocado en
atacar las consecuencias y no las causas y a su vez implementan una
política de pacificación que no resuelve los problemas estructurales
y agudiza el conflicto existente.

El régimen para sostener los privilegios de una minoría de la población
y sostener el statu quo, desde hace décadas adoptó e implementó
la Doctrina de Seguridad Nacional impartida por el Tío Sam, cuya
esencia es sofocar cualquier conato de sublevación o contradicción
con el régimen, razón por la cual cataloga cualquier liderazgo social
o popular como Enemigo Interno y por lo tanto lo ataca con toda la
fuerza disponible, esto ha generado genocidios reconocidos como es
el caso del exterminio de la Unión Patriótica, y el exterminio en curso
de los líderes sociales y populares, y las masacres indiscriminadas
que tienen por objeto atemorizar y evitar que exista organización
popular por mínima o incipiente que esta sea.

La continuidad y sistematicidad del exterminio de líderes sociales
populares, aunado a la impunidad que ampara a los ejecutores
y determinadores de estos crímenes de Estado, llevaron a que
en días pasados la Corte Constitucional declarara un Estado de
Cosas Inconstitucionales; la Corte sustenta su fallo en la falta de
concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación
de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de
derechos humanos, y la baja capacidad institucional y presupuestal
para asegurar el respeto, garantía y protección de estos derechos.

Si bien la decisión de la Corte es una acción política importante
que muestra la magnitud del terror de Estado, no es suficiente
ya que no modifica la Doctrina que es la directa responsable del
genocidio en curso, y el gobierno del cambio no está dispuesto
a deponer esta doctrina; por lo tanto, es la sociedad la llamada a
exigir el complimiento de las diferentes sentencias de la Corte y las
transformaciones estructurales que han sido aplazadas por décadas,
y que fueron el caldo de cultivo del estallido social de 2021.