Antonio García, Primer Comandante del ELN
Suena a chiste maluco lo expresado por el Presidente
Petro cuando señala que no es prioridad el Cese el Fuego
en el actual Proceso de Paz. Decirlo luego de año y medio
de gobierno, podríamos responderle: Haberlo dicho antes.
Claro que un «retardo» de esa magnitud pone en entredicho el
sistema de planeamiento del presente gobierno, o tal vez de la
«rapidez del pensamiento», ahora que todo se nueve a la velocidad
de la luz.
Pero no fue así cuando se discutió en la Mesa dicho acuerdo, hasta llegar a
presionar que se firmara el Cese antes que todos los protocolos estuvieran
redactados; más grave aún sin la estructura de los Mecanismos de Monitoreo
y Verificación funcionando; se trataba de dar un impacto mediático en la
vana pretensión que «lo que se comunica construye realidad».
Sería bueno pasar revista a dichos mecanismos de Monitoreo y Verificación
tanto Nacional como regionales para conocer que tan seriamente se
trabaja.
Lo que más llama la atención es que el Presidente Petro diga que primero
que todo hay que «legalizar» o acabar las «economías ilegales», eso no está
en el acuerdo que hemos firmado, pero si es una responsabilidad de los
Gobiernos y el Estado. Muy bueno sería que se legalizara esas economías,
en el caso del narcotráfico es lo que hemos propuesto. De la minería
«ilegal» en la actualidad lo que vemos es el apoyo que le da el Ejército a las
bandas paramilitares para que tomen posición de los territorios mineros
aprovechando el Cese el Fuego. También sucede con el apoyo que le da el
Ejército y la Armada en la región del Pacífico para proteger las rutas de los
carteles de la droga en el movimiento de sus cargamentos hasta colocarlos
en las aguas del Pacífico.
De las privaciones de la libertad ya he señalado que todos los presos
en Colombia deben pagar con «vil dinero» una «fianza» para comprar la
libertad, que es lo que el actual Comisionado de Paz, Otty Patiño, dice que es
secuestro, muy bueno que el gobierno acabe con esas economías ilegales,
y de paso también la financiación ilegal de las campañas electorales.
