Damaris Izaguirre
La actual ola invernal ha generado numerosos estragos, de
mayor impacto en las zonas marginales de la Colombia profunda,
históricamente saqueadas por corporaciones multinacionales,
además de mantener sumergidas en el empobrecimiento y la
exclusión, penuria de la que es responsable el Estado.
Las olas invernales ocurren cada cierto tiempo debido a
características climáticas, a su vez estas dejan grandes
estragos y miles de damnificados; más allá del clima estas
catástrofes si bien no puede ser evitadas en su totalidad,
podría ser minimizadas a través de planes de prevención que
intervengan las zonas de riesgo de manera integral; sin embargo,
la orfandad estatal en la que el sistema y el régimen han sumido
durante décadas a los habitantes de la Colombia profunda,
exacerban los estragos que ocasionan las olas invernales y
siempre esta población es la más afectada y damnificada.
Las tragedias provocadas por el desbordamiento de ríos y quebradas,
y por los deslizamientos de tierra en sectores que no deberían estar
poblados, se ven exacerbados por la corrupción del Estado, que no
cesa de producir desigualdad social, el desplazamiento de millones
de colombianos y la depredación del país.
Cada vez que ocurre una catástrofe de carácter climático -desastre
natural-, los diferentes Gobiernos tratan de instrumentalizarla
y sacar réditos políticos, a través de gestiones de ayudas a
los dignificados, pero estas ayudas resultan ser ´castillos de
humo´ que desvanece el tiempo, ya que jamás se preocupan por
realizar verdaderos planes de impacto que eviten estas tragedias,
convirtiendo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) en una cueva de ladrones, que en vez de
gestionar recursos para evitar catástrofes, la han convertido en un
antro de corrupción, tal como lo demostraron lo recientes hechos
de la estafa de los carrotanques cisterna para La Guajira.
Tras la reciente ola invernal y las catástrofes que ocasionó,
el Gobierno de Petro decretó situación de Desastre Nacional,
esperemos que en esta ocasión las ayudas realmente lleguen
a las comunidades afectadas y que más allá de ser auxilios
asistenciales, se decreten políticas y medidas estructurales
que cambien las condiciones de la población excluida y apunten
a resolver el empobrecimiento y la desigualdad, que son los
principales aliados de las catástrofes ambientales; desde luego
esto no será posible sin que existan cambios en las políticas
económicas, aunque ello signifique una ruptura radical con el
régimen
