Himelda Ascanio
Las operaciones Mariscal y Orión realizadas contra la Comuna
13 de Medellín entre mayo y octubre de 2002, ejecutadas por
militares y paramilitares, desapareció a cientos de jóvenes
por orden del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Hoy
siguen encontrando restos de los desaparecidos de dichas
operaciones.
2 2 años han pasado desde aquel episodio que marcaría
el inicio de uno de los capítulos más nefastos de
la historia de Colombia. La llegada del narco-
paramilitarismo rampante al gobierno, y con ello
el inicio de las más aberrantes prácticas criminales, solo
comparables con los tiempos del nazismo y su proyecto de
exterminio.
La operación Orión, fue un ejercicio planificado y coordinado
entre la Cuarta Brigada del Ejército estatal, comandada
por Mario Montoya, la Policía Metropolitana de Medellín, a
cargo de Leonardo Gallego, la agencia estatal de espionaje
(DAS), la Fiscalía y narco paramilitares encabezados por
alias ‘Don Berna’. Todos ellos bajo las órdenes de Álvaro
Uribe Vélez. En ella se perpetuaron una amplia gama de
acciones y atropellos como capturas ilegales, desapariciones
y asesinatos selectivos, todo bajo la excusa del accionar
contra la insurgencia desde la llamada política de seguridad
democrática.
Una fosa común a cielo abierto
Durante el desarrollo de la operación Orión, y después de
ella, pobladores y familiares de las personas desaparecidas
referenciaron un lugar conocido como La Escombrera, señalado
de ser el lugar de desapariciones forzadas e inhumación
clandestina, básicamente, una gran fosa común. Según los
datos de la Unidad de Búsqueda a Personas Desaparecidas,
en este lugar podrían encontrarse»502 personas dadas por
desaparecidas. En total, en la capital antioqueña, la cifra
asciende a 5.912 personas desaparecidas» [*].
Las referencias y denuncias de las organizaciones y familiares
de las víctimas no fueron tenidas en cuenta durante los dos
gobiernos de Álvaro Uribe, solo hasta el 2015 se iniciaron
las primeras excavaciones en dicho lugar, es decir, 13 años
después de la operación Orión. La búsqueda fue suspendida
al no encontrar resultados, con lo cual el lugar siguió siendo
un botadero de escombros, que seguían cayendo sobre los
restos de las personas desaparecidas.
Solo hasta el 2023, se ordenó retomar la búsqueda, por
una orden de la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP). El
hallazgo logrado esta semana hace parte de las labores que
allí iniciaron. Y constituye un hecho histórico que llena
de esperanza a familiares y organizaciones de derechos
humanos después de décadas de denuncias.
Este hallazgo pone en evidencia la orden de torpedear y
sostener la impunidad, impartida desde el uribismo y acatada
por las mafias narco-paramilitares que han gobernado y
gobiernan Medellín y Antioquia. Como bien lo expresó
Luz Helena Galeano Laverde, una de las familiares de los
desaparecidos:
“Es importante aclarar que de haber habido continuidad en
el proceso de búsqueda durante el año 2016, porque este fue
un proceso truncado gracias al señor Federico Gutiérrez,
que hoy vuelve a ser alcalde de Medellín, quien dijo que
ahí no íbamos a encontrar nada y nos tildaron de locas. No
somos locas y siempre dijimos la verdad, este hallazgo es
muestra de ello”.
Asesinatos de la semana
El 10 de diciembre, tres personas fueron asesinadas alrededor
de las 6:30 am en la vía que conecta el corregimiento de Las
Peñas, Corozal, con Loma Alta, del municipio de San Juan de
Betulia, Sucre.
Marcial Díaz, era un reconocido líder social y comunitario
del barrio La Bendición en el municipio de Curumaní, Cesar;
fue asesinado el 12 de diciembre en la terraza de su casa por
sicarios que llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra lo
atacaron con arma de fuego.
José Lenoir Guerrero Tovar, era firmante del acuerdo,
quien hizo su proceso de reincorporación en el ETCR Héctor
Ramírez de Agua Bonita, en el municipio de La Montañita,
Caquetá; fue asesinado el 13 de diciembre, mientras se
movilizaba en su motocicleta por la vía que comunica La
Montañita con la inspección de Unión Peneya, a la altura de
la vereda Agua Blanquita.
El 15 de diciembre, tres personas fueron asesinadas en el
barrio Manrique Central de la ciudad de Medellín. El hecho
se presentó cuando cuatro hombres armados irrumpieron
en medio de una fiesta y atacaron a los asistentes.
Camilo Segura López, era firmante del acuerdo, quien hizo
su proceso de reincorporación en el ETCR Antonio Nariño de
La Fila en el municipio de Icononzo, Tolima; fue asesinado
el 16 de diciembre y su cuerpo encontrado con impactos
por arma de fuego entre el corregimiento de Puerto Lucas y
Caño blanco, en zona rural del municipio de Vista hermosa
en el departamento del Meta.
Alexander Pilcué Tenorio, era un reconocido líder indígena,
docente y Guardia de protección de la Consejera Mayor del
CRIC, Rosalba Velasco; fue asesinado el 18 de diciembre y
su cuerpo hallado en el sector de Cambalache, en la vía que
comunica a Santander de Quilichao con la vereda San Pedro.
Fabio Alex Ortega Acero, era un reconocido abogado, veedor
ciudadano y defensor de derechos humanos, quien se
desempeñó como personero en los municipios de San Cayetano
y El Zulia en el departamento de Norte de Santander; fue
asesinado el 19 de diciembre por sicarios en la ciudadela de
Juan Atalaya de Cúcuta, Norte de Santander.
El 18 de diciembre, tres personas fueron asesinadas al
interior de la clínica de Alta Complejidad del Putumayo; las
víctimas fueron identificadas como Edwin Fabián Cotasio
Gaviria, Johan Ricardo Contreras Bobadilla y Nediker
Robledo Useche.
