Chavela Villamil
El desmonte de diversos subsidios estatales, por el déficit
fiscal que atraviesa nuestra economía, a causa de la
desaceleración económica y la disminución de la captación
de recursos, mientras siguen creciendo el Gasto Corriente
(burocracia, guerra, pago de intereses de Deuda Externa).
El modelo económico imperante ha venido generando
marcadas brechas de desigualdad, que ante los últimos
acontecimientos macroeconómicos, ha llevado a que
todas las economías sin excepción se desaceleren e
incrementen ostensiblemente su déficit de Gasto Social. En
los últimos años, tanto las economías desarrolladas como
las en vía de desarrollo, han repuntando levemente sus
indicadores, aunque aún sus indicadores se sostienen en la
zona de desaceleración, en la que han estado sumidas desde
el periodo pospandémico.
El decrecimiento acelerado de la productividad y el desarrollo
que viene presentando nuestra economía en los últimos años,
no solo ha desacelerado la economía y generado una caída
abrupta de la demanda, sino que además tiene repercusión
directa en el costo de vida y ha conllevado un déficit de
poder adquisitivo per cápita. Según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a nivel
nacional la Pobreza Monetaria oscila en 39,2 por ciento
y la Pobreza Extrema está en 13,8 por ciento; índices que
acentúan la crisis económica, razón por la cual sobreviven
19,3 millones de habitantes en la pobreza y 6,9 millones en
pobreza extrema.
Continua la desaceleración de nuestra economía
El más reciente Informe del Centro de investigaciones
económicas y financieras de la Universidad Externado, que
estudia el movimiento bancarizado, reporta que en mayo se
acentuó el estancamiento de la economía y se incrementó
el déficit de poder adquisitivo per cápita; además, las
proyecciones para este año muestran que este indicador no
superará el 0,5 por ciento, lo que deja en un gran margen
de riesgo la sustentabilidad de la población, en especial los
sectores sociales medios y bajos. Según cifras oficiales los
costos crecientes de la energía eléctrica y del gas domiciliario,
entre otros, han incrementado aún más el maltrecho costo
de vida, que a la fecha asciende a 32,6 por ciento.
El Producto Interno Bruto (PIB) del país, el año anterior
creció solo 1,6 por ciento y según las proyecciones del
Banco Mundial este indicador no superará el 2,4 por ciento.
Aunque es evidente la desaceleración económica, el principal
problema de nuestra economía no es de índole financiero,
el verdadero problema radica en la política económica y
tributaria, ya que el Gobierno sostiene una política que le
da prelación al Gasto Corriente, en vez de decrementarlo
y aumentar la inversión integral y el Gasto Social, además
rige sus políticas por el dogma neoliberal del Trickle Down
Effect (TDE, por sus siglas en inglés), que erróneamente
plantea que el crecimiento y favorecimiento tributario de
las grandes empresas y emporios capitalistas, es beneficioso
para la economía nacional, bajo el supuesto de que si estas
empresas aumentan su riqueza, esta se derramaría por goteo
hacia las capas medias y bajas de la sociedad.
Las economías que se rigen por la TDE, no han incrementado
el empleo ni mejorado el poder adquisitivo per cápita, ni
mucho menos han superado el déficit de costo de vida o han
logrado minimizar la brecha de desigualdad social; por el
contrario, a medida que los dividendos del capital privado
se incrementan el oligopolio económico se solidifica y se
pauperizan las capas sociales medias y bajas.
Decrecer el Gasto Corriente oxigena el PIB
La desaceleración económica que sufre nuestra economía,
es un agente que contribuye a la actual crisis económica,
sin embargo, en sí misma esta no es como tal la causante
del déficit económico y financiero; la marcada contracción
de la economía obliga al Gobierno no solo a incrementar la
tributación, sino principalmente a cambiar la política del
gasto y consumo en términos y en lo inmediato disminuir el
Gasto Corriente, además la política tributaria debe cambiar
hacia un método que no se centre en la captación por la
cantidad de contribuyentes, que desangra a la clase media,
sino obligar a tributar más a quien tiene más capital neto,
para incrementar la tributación de los grandes capitales y
empresas con un enfoque redistributivo.
La desaceleración del PIB y el estancamiento de nuestra
economía, prácticamente obliga al gobierno a disminuir el
Gasto Corriente a la vez que decreta un periodo de austeridad;
desde luego esta o cualquier política económica tendiente
a subsanar la crisis económica implica a nivel interno
congelar el presupuesto destinado a la Deuda Externa, y a
nivel internacional nos obliga a negociar la refinanciación
de este pasivo, que asfixia el PIB y pone en colapso nuestra
economía y sostenibilidad financiera. Salir de la Recesión
Técnica y reactivar nuestra economía implica una política
que genere nuevas plazas laborales y a su vez formalice el
subempleo, además de una política económica integral que
repotencie la industria y la agroindustria para suplir el
mercado interno.
