Claudia Julieta Parra
La Ley 100 de 1993 entregó el sistema de salud al gran capital,
convirtiendo un derecho fundamental en un negocio rentable
para el sector privado usando recursos públicos; privatización
que ha deteriorado la atención en salud para la mayoría de la
población.
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hasta ahora
han funcionado como un intermediario financiero
del sistema de salud, que no presta servicios de salud
como tal, sino que cobra por administrar y disponer
una red de entidades de salud, que son las que prestan el
servicio de salud; esto genera sobrecostos a la prestación del
servicio y hace que éste no sea rentable para el Estado, quien
debe asumir el costo de los pacientes, en cambio sí genera un
negocio lucrativo para las EPS.
La Reforma a la salud aprobada por la Cámara de Representantes,
espera los debates faltantes en el Senado, acaba con la
intermediación para el pago de los servicios, ya que contempla
que la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres) haga el pago directo a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), pero no
suprime las EPS, sino que las convierte en gestoras de salud,
es decir, estas continúan con la filiación ya conocida y la
determinación de la prestación de los servicios, que es en ultimas
el ‘cuello de botella’ que tiene en decadencia la prestación de
dicho servicio, ya que las EPS aunque brindan cobertura, la
oportunidad -tiempo de espera para una cita o procedimiento-,
es demasiado extensa y mucho más cuando se trata de procesos o
citas especializadas.
Esta Reforma no resuelve el problema de fondo, que es la atención
oportuna, que está determinada por: 1) la oferta de médicos
generales y especialistas, 2) ser acorde a la demanda de los
pacientes y 3) los procedimientos generales y especializados.
Las modificaciones incorporadas por la Reforma, aunque son
necesarias no resuelven el problema neurálgico. El problema
de la salud radica en que el modelo implementado es de corte
neoliberal y se rige por solo buscar la riqueza de las empresas
privadas que gestionan el sistema, mientras esta política no
sea modificada, la salud seguirá siendo un negocio lucrativo
y los pacientes seguirán siendo tratados como clientes. El
país necesita una Reforma a la Salud que gire en torno a la
democratización de este servicio público y que se le restituya
su carácter de derecho fundamental.
