FRAUDE, ESTAFA Y PODER ELECTORAL
Sergio Torres
El sistema político colombiano es un fracaso total; los
tres poderes que lo sustentan son realmente tres grandes
madrigueras, donde robar, es el verbo que más se conjuga.
Este es un sistema de Estado que nada puede ofrecer a
sus inermes socios, por eso mismo, cada año se observa
el desfile de corruptos de toda calaña.
Hace un mes pasaron las últimas elecciones donde se eligieron
mandatarios municipales y departamentales. En varias
localidades y departamentos aún están escrutando votos,
cuadrando ganadores e imponiendo mandatarios. Un caso
significativo y que representa lo que es la democracia colombiana, es
el de Santa Marta. Todo un ejemplo de cómo los poderes del Estado
se organizan para quitar y poner.
En este caso, primero avalaron la candidatura de [¿quién?]…, una
vez ganador en los comicios dictaminaron que incumplía la ley y
por tanto su candidatura era invalida, sin importar que ya no era
candidato sino alcalde electo. Es decir, ya había pasado la “pequeña
cosa” de haber sido elegido alcalde de una capital colombiana. Es
obvio, que sino es un interés por no permitir dicha alcaldía, entonces
cuando menos hay una negligencia peligrosa de parte de los jueces,
que puede conllevar a la repetición de elecciones o la negación del
fallo y su reacción violenta por parte de la ciudadanía samaria; en
ambos casos, una certeza más de lo ilegitimo y fracasado del modelo
democrático colombiano.
Las nuevas Marionetas
Hace algunos días murió Mario Castaño, en la cárcel La Picota en
Bogotá, un corrupto exsenador que pagaba una condena de 15 años
por ser parte de una red de corrupción que vinculaba congresistas y
funcionarios de varias entidades para robarse contratos y recursos
públicos. Las Marionetas se le llamó a esta red de ladrones con frack.
Siguiendo ese ejemplo y para no perder la tradición de estas mafias
en el Congreso de la República. Un nuevo grupo de honorables
congresistas se copió el modelo de Las Marionetas y está operando
en aquello del robo de recursos del Estado. Con el agregado que
esta nueva red tiene como parte de sus objetivos y modus operandi,
el aumento de los caudales electorales en las regiones. Es decir, no
solo se roban los recursos en la contratación, sino que, con estos
mismos contratos compran réditos y clientela (votos) en las regiones.
Los implicados en dicha red son los congresistas Samy Merheg del
Partido Liberal, Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa
de Cambio Radical, Juan Felipe Lemos Uribe del Partido de la U,
Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador, Ciro Ramírez Cortés
y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García
del Centro Democrático. “Se está hablando de corrupción en dos
ramas del poder –el Ejecutivo y el Legislativo– para desviar contratos
financiados con plata del Estado”, dice el reporte de un Fiscal.
Según los cálculos hechos por los investigadores de la propia Fiscalía,
esta red ha funcionado direccionando contratos públicos al menos
desde 2021. El estimado de estos negociados superaría los 70.000
millones de pesos.
Es decir, este grupo de criminales operó durante todo el periodo
del fiscal general Barbosa y dicho ente nunca hizo nada. Solo hasta
ahora, a pocos días de la esperada salida de este nefasto Fiscal y
justamente cuando desde la presidencia se ha empezado a barajar
la posibilidad de intervención de un organismo internacional contra
la corrupción.
Si bien a la Fiscalía no le corresponde la intervención sobre los
congresistas, si está facultada para actuar sobre los funcionarios de
las entidades. Está claro que se conocía plenamente el funcionamiento
y composición de esta red, donde aparecen el exsubdirector de
programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Por si
fuera poco, la mayoría de los contratos y recursos robados estaban
destinados al fortalecimiento de Programas de Paz.
Con esto se ratifica nuevamente que el principal enemigo de la
Paz es el propio Estado colombiano, corrupto en todas sus ramas
del poder. Y niega las posibilidades de participación, intervención
y bienestar. A propósito de debates sobre recursos económicos en
función de la paz, bien valdría la pena vincular a la discusión este tipo
de entramados criminales. ¿A cuánto asciende el robo de recursos
públicos y de recursos destinados a programas de paz? ¿No son
estos criminales, reales enemigos de la paz y aun así legislan?
